La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, por presuntas irregularidades en un contrato por más de 970 millones de pesos para implementar un programa que garantizaría la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, además de irregularidades en la adjudicación, el ente contralor citó que gran parte del monto milmillonario se habría destinado a elementos de papelería o de oficina y servicios logísticos.

Según el Ministerio Público, no se sustenta la escogencia de la entidad sin ánimo de lucro contratada, ni la contratación directa como mecanismo idóneo para ejecutar este convenio firmado con la Asociación de Gente Joven (AGJ).

El ente de control solicitó toda la documentación relacionada con este convenio para determinar las responsabilidades a que haya lugar, especialmente por el hecho de que le fue adicionado casi un 50% de su valor inicial sin justificación técnica, ajuste de precios unitarios o estudios de conveniencia. Y es que, en general, no se realizó ningún tipo de investigación que respalde el contrato como un estudio del mercado y del sector adecuado que constate que el objeto del convenio se cumpliera a cabalidad.

La respuesta de la Alcaldía

La Alcaldía de Santa Marta emitió un comunicado el que aseguran haber enviado toda la documentación requerida por el órgano de control y que el proceso de investigación “se lleva a cabo en total transparencia y acorde a lo solicitado por el órgano de control (…) Con base en lo anterior, el Distrito reitera la disposición de hacer entrega de cualquier otra solicitud dentro de los términos que la Procuraduría exija, si así lo considere, no sin antes ratificar que el proceso contractual en mención cumple con los requisitos de ley”.

Cabe recordar que está en investigación el proyecto del sistema de acueducto para mejorar la cobertura de agua potable en Santa Marta. La Alcaldía inició el proceso licitatorio con un presupuesto oficial que se acerca a los $1,68 billones, pero, en medio de las revisiones adelantadas por el órgano de control, se identificaron importantes “debilidades” en el proceso licitatorio.

Además, la alcaldesa Virna Johnson enfrenta un proceso judicial en su contra por presunto desacato a una orden para mejorar la infraestructura de un colegio en Santa Marta, ante el cual se declaró inocente, pero el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes le determinó una multa de 5 salarios mínimos y 5 días de prisión a la alcaldesa, su secretario de Educación, Deiby Cotes y el gerente de Infraestructura, Yefer Carrillo.