La Procuraduría General de Colombia anunció que presentará una acción de tutela para recuperar los 70 mil millones de pesos entregados como anticipo a la unión temporal Centros Poblados. Este monto formaba parte de un contrato billonario destinado a proveer internet a escuelas rurales en zonas remotas del país.

Margarita Cabello Blanco, Procuradora General, reveló que esta acción judicial busca revivir la acción popular previamente negada por el Consejo de Estado en abril. “Estamos listos para presentar una acción de tutela a efectos que esa acción popular siga su recorrido”, afirmó Cabello en Manizales, destacando que la acción solicitaba medidas cautelares y mecanismos para recuperar el dinero del anticipo.

La Procuradora aseguró que en los últimos meses se han logrado recuperar parte de los fondos, pero enfatizó la necesidad de continuar los esfuerzos para el reintegro total del anticipo.

Este anuncio se produce un día después de que se notificara el archivo de la investigación disciplinaria contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por presuntas irregularidades en la celebración del contrato. Ante las críticas generadas por esta decisión, Cabello Blanco recordó que la Procuraduría ha sido el único organismo en emitir sanciones contra implicados en este escándalo de corrupción.

“La Procuraduría General es la única que tiene sanciones contra los funcionarios del Ministerio de las TIC que participaron en la elaboración y licitación correspondiente. Con sanciones altas, porque nosotros sí actuamos”, señaló la Procuradora, refiriéndose a los fallos emitidos en 2023.

Respecto a Abudinen, Cabello explicó que la Sala Disciplinaria de Instrucción no encontró méritos para sancionarla disciplinariamente. “La Sala correspondiente determinó que no había pruebas o elementos suficientes que demostraran que ella fue la que participó en el proceso licitatorio”, aclaró.

La decisión de archivar la investigación contra Abudinen se basó en la falta de evidencia de su responsabilidad directa en las irregularidades del Contrato 1043 de 2020. Según la Procuraduría, las acciones de Abudinen durante su gestión no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias.

Esta resolución se fundamenta en el artículo 90 del Código Disciplinario Único, que permite archivar un proceso cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado.

La Procuraduría mantiene su compromiso de continuar con las acciones legales necesarias para recuperar los fondos públicos involucrados en este caso, que ha generado considerable atención y debate en Colombia.

Con información de semana