Este viernes se difundieron las primeras fotografías de los 29 miembros de la Fuerza Pública colombiana —28 policías y un militar— que permanecen secuestrados en el departamento del Cauca, región donde el Ejército Nacional lanzó en octubre de 2024 la Operación Perseo para recuperar el control territorial de manos de una disidencia de las antiguas FARC.

Las imágenes muestran a los uniformados retenidos en una casa comunal de la vereda La Hacienda. Según información preliminar, todos se encuentran en condiciones estables de salud. En las fotografías se observa a los efectivos sentados en sillas de plástico, sin las protecciones que los identifican como miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y separados con cuerdas.

El secuestro ocurrió el pasado 6 de marzo en los caseríos de El Plateado y La Hacienda, ubicados en los municipios de Argelia y El Tambo, según confirmó el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez Suárez. Mientras la población mantiene rodeados a los secuestrados, tanto la ONU como la Defensoría del Pueblo avanzan en gestiones para lograr su liberación.

Otras imágenes difundidas muestran a los uniformados recibiendo alimentación en la caseta comunal. Entre los retenidos se encuentra un coronel, comandante de la Policía en el corregimiento de El Plateado, y un mayor del Ejército, quien era el único uniformado armado en el momento de la asonada.

El ministro Sánchez, a través de su cuenta en la red social X, señaló: “La vida y seguridad de los miembros de la Fuerza Pública secuestrados es responsabilidad directa de quienes cometieron este repudiable delito”. Asimismo, calificó lo sucedido como una “tentativa de homicidio”.

De acuerdo con información oficial, la mayoría de los secuestrados son policías que ayudaron a repeler una asonada de pobladores de El Plateado contra el Ejército, quienes además “incendiaron dos vehículos oficiales”.

Las autoridades atribuyen estos ataques al accionar del grupo Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las FARC, así como a “pobladores instrumentalizados por este grupo”, quienes actuaron “con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad de nuestros uniformados”.

El ministro de Defensa denunció que estos actos “constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil, impidiendo el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”.

Según Sánchez, el grupo disidente “no solo recluta de manera forzada a menores de edad sino que instrumentaliza y coacciona a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”.

Al lugar donde se encuentran retenidos los uniformados han llegado distintas organizaciones de derechos humanos para mediar en su liberación. Por el momento, las autoridades colombianas continúan trabajando en la resolución de esta crisis que se desarrolla en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.

 

Con información de wradio y bluradio