La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador encargado de Vichada, Jimmy Alexander Ruiz Vázquez, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de programas de atención a la infancia, adolescencia y mujeres gestantes. La audiencia, celebrada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías, señaló al exfuncionario como presunto responsable del delito de *contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo*, un cargo que Ruiz Vázquez no aceptó.

Las presuntas irregularidades están relacionadas con los convenios 102 y 138 de 2009, los cuales fueron suscritos durante su periodo como gobernador encargado en ese año. Estos contratos, valorados en más de 1.729 millones de pesos, fueron destinados a programas de alimentación y salud para niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes en condiciones de vulnerabilidad en Vichada. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los convenios presentaron serias fallas en su estructuración y ejecución.

Según los elementos de prueba recopilados, no se realizaron estudios de mercado ni análisis de conveniencia para determinar la idoneidad, capacidad técnica o administrativa de las entidades seleccionadas para ejecutar los contratos. De igual manera, se indica que no se definieron con claridad las actividades, objetivos ni los valores correspondientes a cada actividad. La falta de estos requisitos esenciales habría dejado sin verificación la adecuada implementación de las estrategias sociales contempladas en los contratos.

Las investigaciones sugieren que el exgobernador habría direccionado la adjudicación de los contratos para favorecer a dos corporaciones sin ánimo de lucro que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley. La Fiscalía sostiene que esta acción fue deliberada, al no cumplir con los principios de transparencia y objetividad que deben regir los procesos de contratación pública, especialmente en proyectos destinados a apoyar a poblaciones en estado de vulnerabilidad.

La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia a cargo del caso subrayó que el proceso de contratación debió haberse estructurado de manera que garantizara la idoneidad de las entidades contratadas, dado el impacto social de los programas de alimentación y salud para menores y gestantes de poblaciones vulnerables.