La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un juicio disciplinario contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el secretario de Cultura de la ciudad, José Darwin Lenis Mejía. Ambos funcionarios enfrentan acusaciones de presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali del año 2020. Según las investigaciones, estas irregularidades están relacionadas con la contratación y los altos costos asociados al evento.

El convenio entre la ciudad y Corfecali para la organización de la Feria de Cali en 2020 habría sido firmado por un monto de 11.955 millones de pesos. Sin embargo, la Procuraduría sostiene que no se contaron con estudios previos integrales que respaldaran dicha cifra. El valor se habría fijado mediante una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta la situación particular de la pandemia del COVID-19 que llevó a realizar los eventos de manera virtual.

En el comunicado emitido por la Procuraduría, se destaca que la administración municipal pudo incurrir en graves omisiones en el proceso de contratación de la Feria Virtual. Los estudios previos no incluyeron la metodología utilizada para calcular los precios de los eventos, basándose únicamente en información histórica que no era aplicable a la realización de una feria virtual.