El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció una polémica propuesta para que los manifestantes detenidos durante las protestas sociales de 2020 y 2021 en Colombia, principalmente en Cali, y que actualmente enfrentan cargos por delitos como terrorismo y concierto para delinquir, puedan obtener su libertad y ser juzgados en libertad.

Esta iniciativa se basa en una antigua directriz de la Fiscalía General que solicitaba no imputar estos delitos a quienes fueran arrestados durante protestas sociales. Osuna reveló que está trabajando con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para emitir una nueva directriz que establezca que los “hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir”.

El anuncio del ministro se produjo durante una visita a Cali, donde ocurrieron algunas de las protestas más masivas y violentas, como las del denominado “Puerto Rellena”. En esos disturbios se registraron hechos delictivos como torturas contra miembros de la fuerza pública.

La Fiscalía confirmó que está estudiando la solicitud del Ministerio de Justicia, analizando los argumentos a la luz de la jurisprudencia nacional e internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aclaró que la decisión final corresponderá a los jueces penales y, en última instancia, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una “comisión de la verdad” para esclarecer los hechos violentos ocurridos en Cali y el Valle del Cauca durante el “estallido social”, reconociendo el estatus de víctimas a los detenidos, familiares de fallecidos y afectados.