La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ve sacudida por un escándalo luego de que se revelaran detalles que ponen en entredicho la veracidad de los testimonios del exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, en el proceso de justicia transicional. A raíz de una solicitud de Ketty Martínez Paternina, hija de una víctima del conflicto armado, se ha generado un debate sobre la idoneidad de Arana como compareciente en la JEP.

La JEP había otorgado a Arana la libertad transitoria, condicionada y anticipada en mayo de 2023, considerando que había aportado información relevante sobre vínculos entre políticos y grupos paramilitares. Sin embargo, revelaciones recientes plantean dudas sobre la sinceridad del exgobernador en sus declaraciones.

Según Martínez Paternina, Arana ha negado información crucial y no ha demostrado un compromiso real con la reparación a las víctimas del conflicto. Además, se cuestiona la supuesta situación económica precaria de Arana, contrastada con evidencias de un estilo de vida lujoso y una sólida solvencia financiera, que quedó expuesta en la demanda de divorcio de su matrimonio con Samia Yalima Isaac Tatis.

Las pruebas presentadas sugieren que el exgobernador ha ocultado activos financieros y bienes inmuebles relevantes para su situación económica. También se revelan conversaciones que indican la existencia de supuestos negocios y transacciones financieras durante su periodo de reclusión.

La solicitud de Martínez Paternina a la JEP busca la expulsión de Arana del proceso de justicia transicional, argumentando que sus acciones constituyen una manipulación de la verdad y una falta de compromiso con la reparación a las víctimas.

Salvador Arana Sus, condenado por su participación en el asesinato de un alcalde y el desvío de recursos públicos para financiar grupos paramilitares, se enfrenta ahora a una nueva controversia que podría afectar su situación legal y su participación en la JEP.