El secretario general de la Cancillería, Jorge Antonio Salazar, ha solicitado mediante una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas en el marco del proceso de licitación de pasaportes, cuya cuantía asciende a cerca de 600 mil millones de pesos. Se espera que la decisión se tome a principios del próximo mes de agosto.

El proceso de licitación ha sido objeto de controversia, ya que varios participantes han expresado su malestar alegando que, debido a las condiciones técnicas establecidas, no existen las condiciones adecuadas para competir con la firma Thomas Greg y Sons.

En un extracto de la carta enviada por la Cancillería a la Fiscalía, se expresa claramente el motivo de la solicitud: “Se acude a la Fiscalía General de la Nación para pedir respetuosamente que, si lo estima procedente dentro del marco legal de sus competencias, adelante las investigaciones que considere necesaria para establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio referido, conformando una noticia criminal para que la entidad a su cargo adelante la instrucción que concluya con las peticiones de rigor ante los jueces de la república”.

Este proceso de contratación, que busca el suministro y formalización de pasaportes, inició el 5 de enero de 2023 con el Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, debido a las preocupaciones planteadas, la Cancillería ha hecho un llamado a “denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad constitutiva de conducta punible o falta disciplinaria que pueda atentar contra el ordenamiento jurídico”.

Cabe destacar que el proceso licitatorio fue suspendido temporalmente para revisar las observaciones de los oferentes y se reanudó el pasado 5 de julio. La elección del próximo operador de este servicio es considerada prioritaria para la Cancillería, dado que el contrato actual expira el 31 de agosto próximo.