Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y testigo clave en el escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno Petro, envió una carta a la Fiscalía General de la Nación en la que expresa su inconformidad con el tratamiento que ha recibido por parte del sistema judicial, pese a su papel central en la revelación del entramado de irregularidades.

En el documento, López denuncia la falta de reconocimiento a su colaboración eficaz y advierte que está siendo castigado mientras quienes, según él, intentaron silenciar la verdad, reciben beneficios judiciales. Su pronunciamiento surge luego de que un juez negara la aprobación de un preacuerdo penal en el que López aceptaba una pena de seis años y dos meses de prisión a cambio de información esencial para la investigación.

Según López, el rechazo al acuerdo envía una señal “devastadora”: “Que quien entrega información esencial para la investigación de los máximos responsables puede ser desoído, desprotegido e incluso castigado con mayor rigor que quienes actuaron desde el poder o desde las sombras”. En su mensaje, señala directamente al exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y al abogado Édgar Riveros, quienes habrían ofrecido 13.000 millones de pesos para silenciar al también testigo Sneyder Pinilla.

Este intento de soborno fue revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en septiembre de 2024, como parte de las estrategias para frenar las denuncias que involucraban a figuras como Pedro Rodríguez, César Manrique y otros altos funcionarios. López asegura que, sin su testimonio, los procesos penales contra ministros, congresistas, contratistas y directores de entidades habrían quedado estancados.

En su carta, también subraya que fue “el primero en mostrar el rostro, en narrar con nombres, fechas, correos, documentos, rutas del dinero y jerarquías del poder”, y que gracias a su información se encuentran detenidos los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, así como la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

López rechaza que la pena aceptada en el preacuerdo —seis años y dos meses de prisión— sea vista como excesivamente favorable. Asegura que esa colaboración fue determinante para abrir lo que denomina “una grieta en las redes de corrupción más complejas de los últimos años” y sostiene que negar ese acuerdo representa un obstáculo para alcanzar la verdad.

Finalmente, advirtió que invalidar su testimonio equivale a proteger, “por omisión”, a los verdaderos responsables. “Silenciar al testigo clave mediante la improbación de su preacuerdo es condenar al olvido institucional la verdad que más incomoda”, concluyó.