Muerte de recluso en Bosa: ¿suicidio u homicidio?

Por: Elizabeth Montoya

24 noviembre, 2023

 

Johan Stiven Vanegas, de 24 años, llevaba nueve meses recluido en la estación de Bosa, de donde salió de urgencia al hospital de Kennedy y morir debido a una hemorragia cerebral y trauma craneoencefálico. La familia pide que se esclarezca lo que presumen fue un homicidio.

Johan había sido arrestado el 6 de febrero tras asesinar a su padrastro, y aunque fue condenado a 16 años de prisión en septiembre, seguía en la estación de Bosa sin ser trasladado a un centro penitenciario. Durante su reclusión, sufrió constantes agresiones por parte de otros reclusos.

Su madre, Xiomara Sierra, denunció la situación y pidió el traslado de su hijo. A pesar de presentar una queja ante el comandante de la estación, el mayor Carlos Hurtado, las agresiones persistieron. El 7 de noviembre, Johan fue trasladado, pero al hospital de Kennedy en estado crítico, tras presuntamente haber recibir una golpiza en la estación que le causó un trauma craneoencefálico severo.

Durante 13 días, Vanegas permaneció en la unidad de cuidados intensivos con un coma inducido por sospecha de muerte cerebral hasta su fallecimiento el pasado 20 de noviembre.

 

Dos versiones contradictorias

Las cámaras de seguridad muestran a los policías sacándolo de su celda, esposado, antes de desplomarse en una silla. Según la Policía de Bosa, Johan se desmayó tras ingerir una pastilla de jabón y que, en la caída, se produjo el golpe que le provocó el trauma.

No obstante, la madre cuestiona la versión policial y sostiene que su hijo fue víctima de violencia, como ya venía denunciando y que el joven tenía múltiples heridas visibles antes de su muerte. Afirma, además, que los médicos descartaron la intoxicación como causa de la muerte cerebral. Documentos hospitalarios indican “trauma craneoencefálico vs intoxicación exógena”. La autopsia está en curso para determinar la causa exacta.

El caso destaca los riesgos del hacinamiento en estaciones de Policía y la demora en los traslados a cárceles. El hacinamiento en Bogotá alcanza el 167%, según la Personería, generando violaciones a los derechos humanos y situaciones de violencia entre los reclusos. La familia exige respuestas y justicia.