Un atentado perpetrado por mineros ilegales en la madrugada de este viernes 17 de enero ha puesto en grave riesgo la seguridad de los trabajadores y el futuro del proyecto minero operado por la multinacional Zijin Continental Gold en Buriticá, municipio ubicado en el occidente de Antioquia. El ataque, que involucró explosivos, interrumpió las operaciones mineras y causó daños significativos a la infraestructura de la mina Higabra.

Según un comunicado emitido por la empresa, el atentado ocurrió a las 2:47 a.m., cuando un grupo de mineros ilegales fracturó el macizo rocoso y conectó sus actividades a las labores de la mina. A las 3:18 a.m., los atacantes lanzaron una carga explosiva de alto poder que destruyó una subestación eléctrica clave para el suministro energético de la mina, con capacidad de 750 kVa. Esta subestación es la principal fuente de electricidad para las operaciones en las áreas subterráneas por debajo del nivel 1180, que representan aproximadamente el 90% de la producción del proyecto.

La explosión no solo afectó el sistema eléctrico, sino también las comunicaciones subterráneas, los sistemas de ventilación y bombeo. La interrupción en estos sistemas provocó la acumulación de gases tóxicos en la mina, lo que obligó a la evacuación inmediata de los trabajadores para evitar posibles tragedias. Además, el colapso del sistema de bombeo generó una rápida inundación de las rampas principales, bloqueando el bombeo de agua hacia la superficie y aumentando los riesgos de seguridad para el personal y la infraestructura.

La situación es crítica, ya que el área afectada se encuentra a tan solo 50 metros del Raiseborer principal, un componente esencial del sistema de ventilación de la mina. La destrucción de este sistema podría forzar el cierre temporal de las operaciones debido a la insuficiencia para extraer los gases generados en el interior de la mina.

Ante la gravedad de los hechos, Zijin Continental Gold solicitó la intervención urgente de las autoridades locales y nacionales para mitigar los efectos del ataque y garantizar la seguridad de los trabajadores. En su carta a la Agencia Nacional de Minería (ANM), la compañía pidió la conformación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) encabezado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Buriticá, José Luis Rodríguez.

Este ataque no es un caso aislado. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) condenó el atentado y advirtió sobre el patrón de violencia que están viviendo las operaciones mineras en varias regiones del país. En un comunicado emitido este sábado 18 de enero, la ACM señaló que, en menos de un mes, se han registrado tres ataques similares en diferentes puntos del país, lo que indica una estrategia organizada por parte de los grupos armados ilegales para desestabilizar las operaciones legales.

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, calificó los ataques como un intento de los grupos armados de “despojar al país de sus recursos y debilitar el orden institucional”, y destacó la necesidad de una respuesta contundente por parte del Estado para garantizar la seguridad de los trabajadores y la estabilidad de las comunidades que dependen de la minería formal.

Con información de el colombiano