El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este sábado que siete menores de edad fallecieron durante el bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro contra las disidencias de las FARC en el departamento de Guaviare, elevando la cifra preliminar reportada inicialmente por la Defensoría del Pueblo.

El director del Instituto, Ariel Cortés, informó que la entidad recibió un total de 20 cadáveres el pasado 12 de noviembre en las sedes de Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare, tras las operaciones militares ejecutadas en la vereda Itilla del municipio de Calamar.

Un equipo interdisciplinario conformado por expertos forenses en medicina, odontología y antropología estableció que 13 de los cuerpos corresponden a hombres y siete a mujeres. La identificación de los fallecidos se realizó mediante cotejos dactiloscópicos en 16 casos y a través de carta dental en cuatro ocasiones.

Los análisis forenses determinaron que siete de los fallecidos eran menores de edad: cuatro de género femenino y tres de género masculino. Estos menores eran considerados víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Cortés señaló que los resultados completos de los estudios serán entregados a la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para adelantar el proceso penal y la investigación correspondiente. El Instituto continúa con las labores técnico-científicas para establecer la identidad de la totalidad de los restos mortales recibidos.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien inicialmente reportó una cifra preliminar de menores fallecidos, emitió un pronunciamiento sobre el caso. Marín señaló que este hecho exige reiterar los límites que establece el Derecho Internacional Humanitario, incluso en contextos de hostilidades.

“Ningún niño reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”, expresó la funcionaria en un comunicado oficial. Agregó que la presencia de menores en campamentos de grupos armados ilegales no habilita automáticamente la posibilidad de un ataque.

La Defensoría enfatizó que las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes que, aunque hayan sido forzados a participar en las hostilidades, conservan una protección reforzada según los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada y el interés superior de la niñez.

El bombardeo se realizó contra estructuras de las disidencias de las FARC en zona rural de Calamar, Guaviare. La operación militar se enmarca en las acciones contra los grupos armados organizados que operan en el sur del país, específicamente contra las facciones que no se acogieron al proceso de paz.

Con información de wradio y caracol radio