En las últimas horas, se reveló que el reconocido caricaturista y publicista colombiano Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, se enfrenta a un nuevo proceso judicial debido a un contrato millonario que habría obtenido con el Estado durante la administración del presidente Gustavo Petro. Este hecho surge en medio del proceso que se abrió en su contra después de calificar de “ratita” a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra Matador, con el objetivo de establecer si cumplió con las obligaciones de un contrato por $257 millones que firmó en 2023 con el Fondo Colombia en Paz. La denuncia fue radicada por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado.

El contrato en cuestión fue firmado para que Matador elaborara contenidos gráficos sobre la implementación del Acuerdo de Paz durante la administración de Gustavo Petro. La demanda solicita revisar las etapas de contratación, ejecución, supervisión y pago del Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024, el cual tuvo un valor inicial de 257.040.000 pesos y una duración de 12 meses.

Entre los aspectos cuestionados, se encuentra la inclusión de un rubro mensual de 3.420.000 pesos por concepto de IVA, a pesar de que el Registro Único Tributario de González lo identificaba como no responsable de ese impuesto. Esta situación fue corregida posteriormente mediante un otrosí.

La denuncia también pide investigar la supervisión del contrato, que estuvo a cargo de Gloria Cuartas, y señala posibles inconsistencias entre los períodos de cobro, las fechas de las actividades y los soportes presentados para acreditar la ejecución. Entre los aspectos a verificar, se incluyen documentos elaborados después de los cortes de cobro, la repetición de evidencias en diferentes períodos y la ausencia de soportes diferenciados para algunas obligaciones.

Se solicita investigar posibles conductas relacionadas con peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Cabe destacar que la presentación de la denuncia no implica que Matador haya sido declarado responsable de alguno de estos delitos. Ahora, será la Fiscalía la encargada de evaluar los elementos entregados, determinar si existen méritos para avanzar en una investigación y establecer, si corresponde, las responsabilidades de los involucrados.