La rigurosa condena que podría enfrentar Harold Echeverry por el ataque sexual y el feminicidio de la adolescente caleña

Por: Elizabeth Montoya

11 diciembre, 2023

 

Tras la captura de Harold Echeverry, sospechoso del feminicidio de Michel Dayana González, la adolescente de 15 años hallada sin vida en un taller de mecánica en Cali, la principal preocupación de toda la comunidad sacudida por este atroz crimen es cuál será la sentencia tras el proceso judicial respectivo. El abogado penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, ofrece detalles sobre la posible condena que enfrentará Echeverry por los crueles actos cometidos contra la menor.

Bernate enfatiza que Echeverry no tendría derecho a reducción de condena, ya que los delitos que se le imputan fueron perpetrados contra una menor de edad, lo que excluye cualquier beneficio de rebaja de pena. El abogado destaca que el presunto agresor enfrentaría cargos de feminicidio, considerando los vejámenes que se habrían infligido a Michel Dayana.

“El delito a aplicar es el de feminicidio, en la medida en que la víctima fue privada de su libertad de locomoción y se cometieron sobre su cuerpo actos vejatorios. Este feminicidio tiene, además, por lo menos dos circunstancias de agravación”, señala Bernate.

Las dos circunstancias agravantes identificadas por el experto en Derecho Penal se centran en que el feminicidio se perpetró contra una menor de 18 años y que la muerte ocurrió después de actos en contra de su integridad sexual. Solo por el delito de feminicidio, esto podría resultar en una condena de entre 41 y 50 años de prisión. Sin embargo, advierte que al sumar el delito de abuso o agresión sexual, “en este evento, como se presenta, permite que se supere el tope máximo establecido en Colombia”.

Aunque señala que si Echeverry no tuviera antecedentes penales, no se podría imponer la pena máxima, pero tendría una condena de al menos 56 años debido a la gravedad de los delitos. “Ante la gravedad de los sucesos, es previsible que la condena estará sobre los 56 años de cárcel, que además debe ser efectiva. En la medida en que, por ser un delito contra una menor de edad, no procede ninguna rebaja ni ningún beneficio”, resalta el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Sin embargo, Bernate destaca que al efectivamente haber antecedentes de agresión sexual y tratarse de dos delitos, en caso de ser encontrado culpable por el punible de feminicidio agravado, el hombre de 40 años podría purgar una condena de hasta 60 años de prisión, el máximo establecido en Colombia.

 

Agencia especial de la Procuraduría

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas decisivas al constituir una agencia especial para intervenir en calidad de Ministerio Público en el proceso penal relacionado con este crimen.

La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales designó como agente especial a la Procuradora 64 Judicial II Penal de Cali, quien desempeñará un papel fundamental en la intervención y el acompañamiento continuo a las diligencias del caso, que ha sido calificado como un feminicidio agravado.

La intervención de la Procuraduría en este trágico suceso ocurrido en un taller de pintura en el barrio San Judas Tadeo, en el sur de Cali, busca asegurar que se realicen todas las diligencias correspondientes y que se haga justicia en este caso que ha conmocionado a la sociedad.

 

Aumento de casos de violencia contra la mujer

Condenando enérgicamente este asesinato atroz, el Ministerio Público expresó su repudio ante la escalada de casos de violencia contra las mujeres a nivel nacional.

“Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, entre enero y octubre de 2023, se han registrado 443 feminicidios; de los cuales 77 fueron en Antioquia, 49 en Bogotá D.C. y 47 en Valle del Cauca”, subraya el comunicado de la Procuraduría.

Además de repudiar estos actos violentos, el organismo hace un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en general para proteger la vida e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, reiterando su compromiso de seguir de cerca las acciones de la institucionalidad para garantizar el “acceso a la administración de justicia para las víctimas de violencias por razón de género, y, adicionalmente, instar a que se judicialicen los responsables de la comisión de estos graves delitos que atentan contra su dignidad y que faltamente, terminan muchas veces con sus vidas”.​