La Fiscalía General de la Nación imputó a tres personas señaladas de pertenecer a una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes, que habría operado desde octubre de 2024 usando a Medellín y el archipiélago de San Andrés y Providencia como puntos estratégicos para movilizar ilegalmente personas hacia Centroamérica y Norteamérica.

Los procesados fueron identificados como Jamer Antonio Álvarez Sierra, Maythee Kiara Gordon Restrepo y Karina del Carmen Marsiglia Zambrano. De acuerdo con el ente acusador, los tres hacían parte de una estructura criminal que coordinaba traslados irregulares de migrantes, alteraba documentos oficiales y sobornaba funcionarios para evadir controles migratorios.

Álvarez Sierra, presunto cabecilla de la organización, sería el encargado de coordinar la logística general del tráfico de migrantes. Según la investigación, manipulaba procesos migratorios y gestionaba el estampado de sellos falsos en pasaportes desde Medellín. Además, habría ofrecido incentivos económicos a servidores públicos para facilitar el paso de los migrantes y mantenía comunicación permanente con otros integrantes del grupo criminal para ajustar vuelos y rutas en función de la presencia de controles de las autoridades.

Por su parte, Karina del Carmen Marsiglia Zambrano, quien aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, estaría encargada de garantizar el alojamiento y manutención de los migrantes en el archipiélago. También planificaba las escalas aéreas, transbordos y otras actividades logísticas necesarias para el desplazamiento de los migrantes hacia su destino final.

En cuanto a Maythee Kiara Gordon Restrepo, se le atribuye la función de comprar y modificar tiquetes aéreos para facilitar el ingreso discreto de los migrantes a San Andrés. Utilizaba una identidad falsa bajo el alias de “Luisa González” y también habría coordinado la distribución de alimentos y la retención de las víctimas, quienes eran mantenidas bajo encierro con candado durante el proceso de traslado.

La Fiscalía imputó a los tres los delitos de tráfico de migrantes, secuestro simple, cohecho por dar u ofrecer, circulación y uso de efecto oficial de sello falsificado, y concierto para delinquir. Como medida preventiva, el juez de control de garantías impuso a los tres procesados medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Las capturas se realizaron mediante operativos de allanamiento y registro en San Andrés, en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de funcionarios adscritos a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.