El exsenador Jorge Enrique Robledo, codirector del partido Dignidad y Compromiso, presentó una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras la modificación de su esquema de seguridad, medida que califica como incoherente y peligrosa en el contexto político actual.

La controversia se originó cuando en junio pasado Robledo fue notificado sobre el cambio en su esquema de protección: una de sus camionetas blindadas sería reemplazada por un vehículo convencional, pese a mantener su clasificación de “riesgo extraordinario” por parte de la misma UNP.

En un pronunciamiento emitido por su oficina de prensa, Robledo calificó la medida como inconsistente con su nivel de amenaza. “No puede ser que digan que estoy en condiciones de riesgo extraordinario y reduzcan mi esquema de protección”, declaró el político tras presentar el recurso.

La tutela fue radicada el 5 de agosto ante un juez administrativo de Bogotá y solicita medidas provisionales para garantizar los derechos que considera vulnerados: vida, integridad personal, debido proceso y oposición política.

Entre las pretensiones del recurso, Robledo busca que se ordene la suspensión inmediata de los efectos de la resolución que modificó sus vehículos de protección y que se ordene a la UNP “realizar una revaluación urgente, imparcial, técnica y actualizada de las medidas de protección del accionante”.

El exsenador Jorge Enrique Robledo confirmó públicamente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el vehículo blindado que formaba parte de su esquema de seguridad, decisión que calificó como una medida preocupante dada la actual coyuntura política del país.

El excongresista Robledo, que hizo parte del Polo Democrático, sorprendió a los asistentes al revelar que la UNP le notificó el retiro de la camioneta blindada que formaba parte de su esquema de seguridad; en una medida que pondría en riesgo su vida.

La inconsistencia central del caso radica en que la UNP mantiene a Robledo clasificado en nivel de “riesgo extraordinario”, la categoría más alta de amenaza, mientras simultáneamente reduce los elementos de protección de su esquema de seguridad.

Esta contradicción constituye el núcleo de la argumentación legal presentada en la tutela, donde se cuestiona la coherencia técnica y la fundamentación de la decisión adoptada por la entidad de protección.