Jorge Aristizábal Rodríguez, exasesor del Departamento Administrativo de la Función Pública, se entregó este miércoles 6 de agosto ante las autoridades en el antiguo edificio del DAS en Bogotá, cumpliendo con una medida de aseguramiento privativa de la libertad dictada por la juez 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el pasado 29 de julio.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Aristizábal se presentó en compañía de su abogado defensor, convirtiéndose en la sexta persona de ocho cobijadas con restricción de la libertad que se entrega ante las autoridades por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El exfuncionario, considerado hombre de confianza de César Manrique Soacha, exdirector del DAFP, permanecía prófugo desde que se dictó la orden de captura en su contra el pasado 29 de abril.

La investigación de la Fiscalía reveló que César Manrique presuntamente facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio, habría solicitado la entrega de contratos específicos a determinadas personas, con una comisión del 7%.

Según la tesis del ente investigador, los procesados participaron del direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, puesta en funcionamiento de pozos de agua potable, interventorías y prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El contrato para suministro de carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023 por 29.000 millones de pesos con la Corporación Mixta Yapurutú. La Fiscalía detectó sobrecostos por 13.164 millones de pesos, distribuidos así: 3.000 millones de pesos entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones a Riveros Rey y 6.380 millones que quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.

Las pruebas de la Fiscalía sugieren que Aristizábal habría retirado 3.000 millones de pesos en efectivo para entregárselos a un intermediario con destino a Manrique.

Tanto Manrique como los otros procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Los demás afectados con medidas restrictivas son el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández (contratista de la UNGRD), el representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente, y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

Aristizábal representa una pieza crucial para la Fiscalía en su intento por desmantelar la red de corrupción. Su posición como asesor en el DAFP le otorgaba acceso a información privilegiada y comprensión detallada de los mecanismos internos de la administración pública que presuntamente fueron explotados para el desvío de recursos.

Con información de wradio y el nuevo siglo