La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra funcionarios del Inpec por denuncias sobre el presunto cobro irregular de dinero a reclusos por concepto de permisos, ingreso de productos prohibidos y otros “servicios extras” en las cárceles del país.

Según la investigación disciplinaria, se verificarán casos en los que funcionarios de prisiones habrían exigido importantes sumas de dinero a internos a cambio de otorgarles permisos para salir, permitir el ingreso de licor, armas, drogas y celulares, entre otros ilícitos.

De comprobarse los hechos, los responsables podrían ser destituidos e inhabilitados por muchos años para ejercer cargos públicos. Desde la Procuraduría instaron al Inpec a denunciar penalmente cualquier irregularidad comprobada.

Con esta indagación se busca depurar la institución carcelaria en medio de las crecientes denuncias sobre cobro de “vacunas” ilegales y tráfico de influencias al interior de las prisiones colombianas.