La Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, Francia, aprobó y publicó este 22 de septiembre la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 4 de julio.

Con la emisión de esta circular roja, se activan los mecanismos de búsqueda y localización de González con fines de extradición en los 196 países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal. El exfuncionario es requerido por la justicia colombiana por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

González, quien se desempeñó como director del Partido Verde, del Departamento Nacional de Inteligencia y del Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro, se encuentra prófugo de la justicia y actualmente cuenta con asilo político otorgado por Nicaragua.

La investigación judicial señala a González como presunto cerebro del esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), revelado inicialmente por W Radio. Según la Fiscalía, el exdirector habría gestionado el pago de millonarios sobornos con recursos públicos para asegurar apoyo político a las reformas del Gobierno.

Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, apuntan a que González ordenó directamente la entrega de coimas a congresistas. La acusación se centra en un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, de donde se habrían desviado los recursos.

El pasado 4 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, desestimando la apelación de su defensa, que calificaba las acusaciones como “calumnias sin fundamento”.

Un magistrado del mismo tribunal había dictado inicialmente la medida de aseguramiento el 3 de julio, la cual González no cumplió al encontrarse fuera del territorio nacional.

La efectividad de la circular roja enfrenta un obstáculo significativo: el 20 de agosto, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua otorgó asilo político a González, argumentando que se trata de un perseguido político.

Esta decisión generó una protesta formal por parte de la Cancillería y el Ministerio de Justicia de Colombia, que han solicitado la extradición del exfuncionario. El gobierno colombiano también inició trámites oficiales para que González regrese al país y cumpla la medida judicial.

Con información de wradio y caracol radio