El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) entregó un informe en el que explica la polémica presencia de jefes de bandas criminales durante un acto público del presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, Medellín. El documento revela que la orden provino directamente del mandatario en el marco del proceso de paz urbana.

Según el informe de cuatro páginas, firmado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, la Presidencia emitió la instrucción respaldada en su calidad de “suprema autoridad administrativa” del Inpec. La solicitud fue gestionada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, designada como coordinadora de los acercamientos con estructuras criminales, en articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“El Gobierno nacional, mediante Resolución N° 452 de 2024, designó a la doctora Isabel Cristina Zuleta López como coordinadora, así como la facultad para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas con las personas privadas de la libertad (PPL) designadas como voceros”, señala el documento. Además, se detalla que los internos fueron acreditados como voceros oficiales mediante las resoluciones 139 de 2023 y 094 de 2025.

Traslado y medidas de seguridad

El operativo para movilizar a los nueve reclusos comenzó el mismo 21 de junio, a las 12:35 p.m., desde la cárcel La Paz de Itagüí, con acompañamiento de la Policía Nacional. Los internos fueron ubicados en una carpa cercana a la tarima principal bajo estricta custodia. A las 5:40 p.m., por instrucción de Presidencia, se les autorizó subir a la tarima. El evento concluyó a las 9:15 p.m. y el retorno al penal se efectuó a las 10:10 p.m.

El Inpec aclaró que no era necesario un aval judicial para el traslado, ya que la ley permite a la entidad realizar movilizaciones temporales de condenados siempre que se garantice la custodia y el regreso al centro carcelario.

¿Quiénes asistieron?

Entre los presentes se encontraban reconocidos cabecillas de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, como:

* Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, condenado a 16 años, señalado como uno de los líderes históricos de la Oficina.
* José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”, con pena de 32 años por secuestro y concierto para delinquir, reconocido como portavoz del proceso.
* Freyner Alonso Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, condenado por extorsión y concierto para delinquir, con influencia en el occidente de Medellín.
* Otros siete líderes, entre ellos alias “Vallejo”, “Juan 23”, “Grande Pa” y “El Indio”, todos con condenas por homicidio, narcotráfico, desplazamiento forzado y extorsión.

La revelación generó críticas por permitir que condenados por graves delitos participaran en un acto político abierto, lo que para el Gobierno hace parte de su estrategia para consolidar la paz urbana. El Ejecutivo insiste en que se trata de un espacio “sociojurídico” orientado a reducir la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá.

Por ahora, el Inpec asegura que actuó conforme a protocolos y bajo directrices presidenciales. Sin embargo, el hecho ha reavivado el debate sobre los límites del proceso de paz urbana y la legitimidad de involucrar a líderes criminales en eventos oficiales.