El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó este sábado los lugares de reclusión donde permanecerán privados de la libertad los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. El anuncio se da luego de que la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero ordenara medida de aseguramiento intramural contra los exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro por su presunta participación en actos de corrupción.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, informó que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá. Por su parte, el exjefe de la cartera del Interior, Luis Fernando Velasco, quedó bajo custodia en la Escuela de Carabineros de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Ambos ya han completado el proceso formal de reseña tras su captura.

La decisión de recluir a los exministros se sustenta en la solicitud de la fiscalía general de la Nación, que calificó la medida como urgente, necesaria e idónea. Según la magistrada Rosero, la gravedad de los elementos materiales probatorios recolectados durante dos años de investigación sobre el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) justifica la privación preventiva de la libertad.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, señaló que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría consolidado una “empresa criminal” diseñada para asegurar mayorías parlamentarias a cambio de beneficios contractuales.

La investigación de la Fiscalía describe un presunto “pacto criminal” en el que los exministros se habrían concertado para ofrecer proyectos de infraestructura a cambio de votos en las comisiones del Congreso. Este acuerdo involucraba directamente a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes habrían direccionado las obras según las directrices de los entonces ministros.

El desglose de los recursos bajo sospecha asciende a un total de $612.237.837.087, distribuidos de la siguiente manera:

* Invías: 74 proyectos radicados por un valor de $ 571.701.473.657 pesos.
* UNGRD: 5 proyectos que sumaban $ 40.536.363.430 pesos.

De acuerdo con el ente acusador, los congresistas beneficiarios pertenecían a las comisiones Primera del Senado, así como a las comisiones Tercera, Cuarta y Séptima de ambas cámaras. El objetivo del pacto era agilizar la aprobación de reformas sociales y la tramitación exitosa de créditos de la Nación, elementos clave en la agenda del Ejecutivo.

Con información de wradio