Informe ante la ONU cuestiona posible financiación estatal a grupos armados en Colombia

Por: Ronny Orejarena

16 octubre, 2024

9 de febrero de 2023 – El Consejo escucha el 16º informe del Secretario General sobre la amenaza que plantea el EIIL (Dáesh) para la paz y la seguridad internacionales Foto ONU/Eskinder Debebe

Un polémico informe presentado ante el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha puesto en tela de juicio la política de “Paz Total” del gobierno colombiano. El documento, radicado por el abogado Víctor Mosquera, alega la posible asignación de recursos públicos a grupos considerados terroristas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC-EP.

El informe, cuyo contenido fue divulgado por W Radio, señala que estos fondos habrían sido utilizados para financiar actividades criminales, lo que constituiría una violación de las obligaciones internacionales de Colombia en materia de lucha contra el terrorismo.

Uno de los incidentes más destacados en el documento ocurrió el 23 de julio de 2024. Según el informe, varios líderes de las disidencias de las FARC fueron interceptados en un puesto de control militar en la carretera entre Medellín y Anorí. Lo que llamó la atención fue que estos individuos viajaban en vehículos pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad adscrita al Ministerio del Interior.

La UNP tiene como función proporcionar seguridad a ciudadanos, grupos y comunidades que enfrentan riesgos extremos debido a su labor. Sin embargo, el informe señala que entre los ocupantes de los vehículos no solo había personas autorizadas, sino también combatientes con órdenes de arresto vigentes.

El documento agrega un detalle aún más preocupante: las autoridades encontraron en estas camionetas una considerable suma de dinero, oro y armas. Esta información fue confirmada por el gobernador de Antioquia, subrayando que tal situación no está permitida ni siquiera en el marco de los diálogos en curso con el grupo armado.

Víctor Mosquera Marín, el abogado que presentó el informe, declaró: “El uso de recursos del Estado para financiar actividades terroristas es una violación flagrante de los compromisos internacionales de Colombia”. Además, enfatizó la aparente falta de mecanismos efectivos de control sobre estos fondos e hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas al respecto.

Con información de wradio