El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación ha presentado nuevos avances en su labor contra el maltrato animal en Colombia. En investigaciones recientes, fiscales de este grupo imputaron el delito de maltrato animal a dos personas en el Valle del Cauca y Bogotá, quienes habrían causado daños graves a sus animales de compañía.

El primer caso involucra a Jheyson Javier Grajales Hernández, propietario de una guardería canina en Tuluá, Valle del Cauca, a quien la Fiscalía acusa de no haber brindado los cuidados necesarios a un perro llamado Horus durante su estancia en el establecimiento. Entre el 27 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023, Horus sufrió mordeduras de otros perros alojados en la guardería y recibió una intervención en una de sus extremidades sin el consentimiento de sus dueños. Esta intervención le provocó una celulitis infecciosa, complicando gravemente su salud.

A raíz de su empeoramiento, Horus fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, donde finalmente falleció. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Grajales Hernández por el delito de maltrato animal, en un esfuerzo por subrayar la importancia de garantizar condiciones seguras y adecuadas en establecimientos dedicados al cuidado de animales.

El segundo caso se presentó el 4 de febrero de 2023 en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Carlos Alberto Combita Fuentes es señalado por la Fiscalía de haber agredido físicamente a su perro de nombre Goten. Según la investigación, el perro habría recibido múltiples golpes en el tórax, causándole fracturas en las costillas. Estos hechos llevaron a la Fiscalía a imputar a Combita Fuentes por el delito de maltrato animal, cargo que él no aceptó durante la audiencia.

En Colombia, el maltrato animal es sancionado legalmente bajo la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes. Esta ley establece que toda persona que cause daño físico o psicológico a un animal puede enfrentar penas de hasta tres años de prisión y multas económicas significativas.