La Fiscalía General de la Nación imputó a 12 integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá por su presunta participación en una red de corrupción al interior de la institución. Entre los señalados están un teniente y once patrulleros, quienes prestaban servicio en la localidad de Puente Aranda. Los uniformados fueron capturados tras una investigación que incluyó denuncias ciudadanas y seguimientos durante varios meses.

De acuerdo con el ente acusador, los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico de estupefacientes.

Durante las audiencias de control de garantías, todos los procesados se declararon inocentes. Sin embargo, un juez determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para nueve de ellos y detención domiciliaria para los otros tres.

Según la Fiscalía, los uniformados exigían dinero a personas capturadas en flagrancia por delitos como hurto o microtráfico, a cambio de no ponerlas a disposición de la justicia. Además, habrían realizado detenciones sin sustento legal para mejorar artificialmente las estadísticas de los CAI de la zona y obtener beneficios personales.

El ente investigador también reveló que algunos de los policías imputados permitían el paso de mercancía de contrabando hacia sectores como San Andresito y que tenían nexos con redes delictivas dedicadas al hurto de cable, especialmente de la empresa ETB. En este esquema, presuntamente se asociaban con personas en condición de calle para ejecutar los robos, facilitaban la quema del cable para extraer el cobre y posteriormente lo comercializaban, incluso a través de los mismos uniformados.

En palabras de la fiscal del caso, “los implicados planeaban y ejecutaban el hurto de cable en coordinación con habitantes de calle y vendían el cobre en establecimientos de compra y venta del metal, en ocasiones ellos mismos realizaban las transacciones”.

La investigación también permitió establecer que los implicados habrían adulterado bases de datos y reportes oficiales para dar apariencia de legalidad a sus acciones. Además, la Fiscalía rastreó movimientos financieros sospechosos por más de 200 millones de pesos en cuentas bancarias no registradas oficialmente.

Hasta el momento, el organismo judicial ha identificado al menos 26 hechos delictivos directamente relacionados con esta red dentro de la Policía. No obstante, no se descarta que haya más víctimas o casos asociados a este entramado de corrupción.