Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Andrés Rivera Méndez, tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación. Rivera Méndez es señalado de utilizar productos veterinarios para drogar a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá, con el fin de doblegarlos y despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas virtuales. Luego de sostener conversaciones y conocer sus intereses personales, las persuadía para concretar encuentros en sus lugares de residencia. Una vez en el sitio, les ofrecía bebidas alcohólicas adulteradas con sustancias tóxicas, lo que provocaba que perdieran la conciencia.

Con las víctimas inconscientes, Rivera Méndez procedía a sustraer objetos de valor y utilizar tarjetas bancarias para realizar transferencias electrónicas y compras. Según el reporte judicial, esta modalidad delictiva fue utilizada en al menos cinco casos ocurridos en la localidad de Chapinero, al oriente de Bogotá.

La Fiscalía estableció que el monto total de los bienes y dinero apropiado en estos eventos supera los 80 millones de pesos. Ante estos hechos, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá formuló acusación formal contra Rivera Méndez por los delitos de hurto calificado y agravado, y transferencia no consentida de activos, bajo los parámetros de la Ley 1826 de 2017, que regula el procedimiento penal especial abreviado.

Durante las audiencias concentradas, el procesado mostró una actitud hostil. El juez documentó que Rivera Méndez realizó gestos intimidantes hacia la fiscal encargada del caso y agredió físicamente a los uniformados de la Policía Nacional encargados de su custodia. Por esta razón, el juez solicitó que se adelante una investigación adicional por el delito de violencia contra servidor público.

La medida de aseguramiento impuesta busca garantizar la comparecencia del procesado a los llamados judiciales y proteger a la sociedad de posibles nuevas víctimas. Las autoridades continúan con la recolección de elementos probatorios para esclarecer si existen más personas afectadas bajo esta misma modalidad.

El caso ha generado atención en la ciudad por la forma sistemática y premeditada con la que, presuntamente, operaba el acusado, así como por la utilización de redes sociales y plataformas digitales como medio para identificar a las víctimas.

La Fiscalía reiteró su compromiso en la lucha contra el hurto y otros delitos que vulneran la seguridad y dignidad de las personas, especialmente aquellos que afectan a poblaciones vulnerables. Se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación similar o sospechosa a través de los canales oficiales de atención.

Este proceso judicial continuará en los próximos días con la etapa de acusación formal y posterior juicio, en el cual se determinará la responsabilidad penal del procesado. Las autoridades recuerdan que, conforme al principio de presunción de inocencia, toda persona investigada se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial en firme.