Este viernes 8 de marzo marcó el desenlace de un prolongado litigio alrededor del Hotel Irotama de Santa Marta, con la emisión de la condena para los involucrados en el escándalo. Los acusados, entre ellos el dueño del Irotama, Héctor Mario Díaz, la directora jurídica del hotel, Margarita Perdomo, y varios empleados enfrentan cargos de fraude procesal y falso testimonio, siendo condenados a 7 años y medio de prisión domiciliaria, a cumplirse mediante vigilancia electrónica.

La sentencia emitida por el Juzgado 4 Penal de Santa Marta determinó que Díaz y Perdomo indujeron a error a las autoridades administrativas mediante declaraciones falsas de empleados del Irotama, quienes afirmaron no haber visto una valla publicitaria sobre la construcción de un complejo hotelero adyacente.

El caso se remonta a una disputa legal iniciada en 2004, cuando exempleados y directivos del Irotama demandaron a sus vecinos, la empresa Hecol Ltda., alegando que no tenían visible su licencia de construcción. Jorge Díaz Jacded, dueño de Hecol había solicitado una licencia de construcción para un nuevo complejo hotelero al lado del Irotama. En el transcurso del proceso, Hecol logró demostrar no solo que contaba con los permisos necesarios, sino también que el Hotel Irotama se había apropiado de la vía pública e instalado una garita que impedía el acceso a los predios vecinos.

Según la sentencia, Héctor Mario Díaz y Margarita Perdomo, exjefe jurídica del Irotama, fueron condenados como coautores del delito de fraude procesal por inducir en error a las autoridades administrativas, valiéndose de falsas declaraciones rendidas por empleados del hotel ante un notario público.

Además, Rubén Darío Sossa, Carmen Cecilia Parra y José Alfredo Noche fueron condenados por falso testimonio al rendir declaraciones falsas ante la Fiscalía General de la Nación en 2007, negando haber visto la valla publicitaria, cuya existencia quedó probada durante el proceso.

Además de la condena, se impuso una multa de 400 salarios mínimos legales vigentes (aproximadamente $520,000,000) y un pago adicional de $10,000,000 por el uso de vigilancia electrónica. Díaz y Perdomo quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas por cinco años, mientras que los empleados enfrentarán la inhabilitación durante el tiempo total de la condena.

La defensa de Héctor Mario Díaz, encabezada por el bufete de abogados de Jaime Granados, anunció que apelarán la decisión debido a las inconsistencias que, según ellos, presentó el proceso. Llevará el caso a la Sala Penal del Tribunal del departamento de Magdalena y se espera que la decisión de segunda instancia se confirme antes de noviembre de 2024, fecha en la que prescribirían los delitos imputados.