La Fiscalía General de la Nación ha revelado detalles de una investigación sobre un presunto esquema de direccionamiento de contratos que habría beneficiado a congresistas de la Comisión de Crédito Público. Durante una audiencia, la fiscal Andrea Muñoz presentó pruebas que implican a altos funcionarios del Gobierno en la adjudicación irregular de proyectos por millonarias sumas de dinero.

Según la Fiscalía, varios contratos habrían sido adjudicados de manera irregular a contratistas seleccionados, quienes ejecutaban proyectos de interés para ciertos congresistas. Entre los nombres mencionados en la investigación están Camilo Díaz en Saravena, Harry Bejarano en Cotorra y Juan Carlos Torres junto a Hedilberto Torres en Carmen de Bolívar.

El ente acusador indicó que Sneyder Pinilla habría sido el encargado de contactar a estos contratistas y de organizar la documentación necesaria para viabilizar los proyectos, así como sus interventorías y costos.

Entre los congresistas mencionados en la investigación, la Fiscalía señaló a Karen Manrique y Wadith Manzur, quienes mantenían comunicación frecuente con Olmedo López y Sneyder Pinilla, confesos responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Además, se reveló un episodio ocurrido el 15 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda. Según la Fiscalía, ese día Olmedo López se reunió con Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda, quien presuntamente le habría solicitado direccionar tres contratos por un total de 92 mil millones de pesos. Para ello, habría designado a su asesora, María Fernanda Benavides, como el enlace con los congresistas de la Comisión de Crédito Público que resultarían beneficiados con los contratos.

Otro punto destacado por la Fiscalía fue una reunión que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2023 entre el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Olmedo López. En dicho encuentro, se habría acordado favorecer al congresista Julio Elías Chagui con un contrato destinado a la mitigación de inundaciones en Sahagún, Córdoba, por un monto de 35 mil millones de pesos.

Para concretar el proceso, Jorge González, funcionario de la Alcaldía de Sahagún, junto con Sneyder Pinilla, habría gestionado los documentos necesarios siguiendo supuestas instrucciones del exministro Velasco.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el alcance del esquema de direccionamiento de contratos y la responsabilidad de los implicados. Se espera que en las próximas audiencias se revelen nuevos detalles sobre la participación de otros funcionarios y congresistas en este presunto caso de corrupción.

El desarrollo de esta investigación mantiene la atención de la opinión pública, mientras se definen las acciones judiciales a tomar en contra de los involucrados.