En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno a testigos, la Fiscalía General de la Nación ha rechazado una solicitud de nulidad presentada por la defensa del exmandatario. Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, argumentó que la formulación de imputación no era clara, lo cual violaría el debido proceso al no permitir una defensa adecuada.
Jaime Granados sostuvo que la imputación contra Uribe fue “gaseosa”, es decir, vaga y carente de detalles específicos que permitieran a su defendido entender claramente de qué se le acusaba. Según Granados, esta falta de claridad impedía una defensa efectiva. Afirmó que, incluso si se aceptara que hubo una imputación formal, ésta no cumplía con los requisitos mínimos necesarios para llevar a cabo un juicio justo y con las garantías del debido proceso.
El fiscal Gilberto Iván Villarreal rechazó estos argumentos, calificándolos de infundados y dilatorios. Villarreal aseguró que las acusaciones contra Uribe fueron presentadas de manera clara y concreta, y que la defensa había tenido suficientes oportunidades para objetar cualquier falta de claridad durante el proceso. “Esa es su tesis, ese es su planteamiento y se lo respetamos, tiene que ser así”, dijo el fiscal, refiriéndose a las alegaciones de Granados.
Villarreal argumentó que el hecho de que la defensa no hubiera planteado objeciones anteriormente sugiere que no existían dudas significativas sobre los cargos imputados. “Ninguna solicitud hizo en ese sentido, de que no estaban claros los hechos, de que no sabía de qué se estaba defendiendo el doctor Uribe Vélez”, añadió el fiscal.
El fiscal también subrayó que aceptar la solicitud de nulidad perjudicaría los derechos de las víctimas, como el senador Iván Cepeda, y del mismo procesado, ya que prolongaría innecesariamente el proceso judicial. Aceptar la nulidad podría ampliar el término de prescripción de la acción penal, retrasando aún más la resolución del caso.
Granados defendió su posición, calificando de incorrecto e irrespetuoso acusar a la defensa de intentar dilatar el proceso. Insistió en que su solicitud no constituía un abuso del derecho sino una legítima preocupación por las garantías del debido proceso.
Por su parte, Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, respaldó la postura del fiscal, argumentando que la solicitud de nulidad era una táctica dilatoria. Villalba afirmó que tanto los hechos como los fundamentos jurídicos del caso contra Uribe eran claramente conocidos por todas las partes involucradas. “Hay afirmaciones que se hacen en la defensa, que tiene razón porque dice: nadie puede defenderse de lo que no conoce, pero resulta que en este caso se conoce integralmente los hechos jurídicos, así como lo fáctico y así como lo jurídico”, precisó.
Álvaro Uribe Vélez ha sido objeto de investigaciones y acusaciones relacionadas con la manipulación de testigos en un caso que también involucra al senador Iván Cepeda. Uribe ha manifestado reiteradamente su inocencia, calificando los cargos en su contra como infundados y políticamente motivados.