La Fiscalía General de la Nación confirmó hoy que ha rechazado la solicitud de inmunidad penal total presentada por Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, quien enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el comunicado oficial, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha mantenido acercamientos con Ortiz Nova para explorar una posible negociación judicial que permita obtener nuevos elementos probatorios sobre el direccionamiento de contratos y apropiación indebida de recursos públicos en la entidad gubernamental.

Sin embargo, el ente investigador determinó que la colaboración ofrecida por la exfuncionaria “se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”, razones por las cuales consideran que no superaría la valoración y control judicial necesarios para conceder el principio de oportunidad solicitado.

La decisión de la Fiscalía se produce en un momento crítico del proceso, ya que Ortiz Nova fue previamente imputada y está próxima a ser formalmente acusada por los delitos mencionados, considerados de alta gravedad dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

El comunicado también revela que, ante la negativa institucional, la exconsejera “manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción”, aclarando que cualquier divulgación se realizaría bajo su propia responsabilidad y sin comprometer a la Fiscalía.

Este caso forma parte de una investigación más amplia que busca esclarecer las presuntas irregularidades en la UNGRD, entidad encargada de gestionar recursos para la prevención y atención de desastres en Colombia. Las autoridades continúan desarrollando “múltiples actividades investigativas” con el objetivo de identificar y judicializar a todos los responsables involucrados en este caso de presunta corrupción administrativa.

Con información de fiscalía