La Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá imponer medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), señalados de tener un presunto rol protagónico en uno de los escándalos de presunta corrupción más relevantes durante el Gobierno de Gustavo Petro. La petición fue presentada por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ante la magistrada Alexandra Rosero.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que la medida solicitada se fundamenta en el artículo 250 de la Constitución y busca asegurar el avance del proceso frente a las imputaciones formuladas a los dos exfuncionarios. El ente acusador les atribuye los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, además de anunciar que también pedirá medida de detención intramural.

Según la Fiscalía, los exministros habrían participado en el presunto direccionamiento de 74 contratos en el INVIAS y 5 en la UNGRD, por un valor conjunto superior a $612.000 millones. De esos proyectos, siete se habrían concretado. La hipótesis investigativa señala que la manipulación de la contratación habría tenido como finalidad favorecer alianzas políticas mediante supuestos pagos a congresistas.

Durante la diligencia, ambos exministros se declararon inocentes. El primero en intervenir fue Ricardo Bonilla, quien sostuvo que no aceptaba los cargos y que defenderá su versión ante la justicia. Señaló que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en entidades públicas y privadas sin antecedentes de irregularidades y aseguró que cumplió con sus funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Indicó, además, que la Fiscalía ya revisó su patrimonio y que continuará su defensa “hasta las últimas consecuencias”.

Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco también rechazó los cargos. Afirma que no tiene nada que negociar con la Fiscalía y se declaró víctima de los principales testigos del caso UNGRD, a quienes calificó como declarantes con intereses particulares que ya habían admitido delitos y obtenido beneficios jurídicos. Velasco pidió que su versión sea escuchada en igualdad de condiciones, afirmando que la opinión pública solo ha conocido las declaraciones de quienes confesaron su participación en las irregularidades investigadas.

La Fiscalía insistió en la necesidad de una medida restrictiva mientras continúan las actuaciones judiciales, argumentando la magnitud del presunto direccionamiento contractual y el alcance de los hechos atribuidos. La solicitud de detención domiciliaria quedó en manos de la magistrada Rosero, quien deberá resolver si los exministros enfrentan el proceso en libertad o bajo la medida cautelar requerida por el ente acusador.

Con información de wradio y caracol radio