La Fiscalía Especializada Contra la Corrupción inició una investigación preliminar por las presuntas irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. Esta acción se suma a la investigación de oficio y a una denuncia por prevaricato relacionada con la resolución de intervención firmada por el Superintendente Luis Carlos Leal.

Juan David Rivero, abogado del grupo Keralty propietario de Sanitas, anunció la radicación de la denuncia ante la Fiscalía. Además, adelantó que emprenderán acciones legales como una tutela y acciones civiles para restablecer sus derechos vulnerados y los perjuicios causados.

La denuncia, presentada el 15 de abril, busca investigar la conducta de la Superintendencia de Salud y suspender, por vía penal, el efecto de la intervención. Rivero aseguró que someterán el caso al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y a la relatora del derecho a la salud de la ONU.

Inversionistas extranjeros de Keralty enviaron una carta al Ministro de Comercio Exterior anunciando su intención de notificar formalmente una disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de inversión.

La Fiscalía anexó la denuncia de Sanitas a la investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en la intervención, tras recibir advertencias de expertos y la Procuraduría. El ente acusador ordenó el proceso para esclarecer los posibles errores cometidos bajo la administración de Leal, acciones calificadas como ilegales y arbitrarias.

Riveros interpuso la denuncia penal por considerar ilegal la intervención, alegando que el Superintendente estaba impedido para conocer asuntos relacionados con Sanitas debido a su animadversión previa contra la EPS. Calificó la medida como arbitraria, desproporcionada y discriminatoria.

En el desarrollo de la investigación, se están llevando a cabo diligencias para determinar las irregularidades, sumando declaraciones de funcionarios implicados y verificando la legislación aplicable. Según Rivero, además de la denuncia penal, se adelantarán otras acciones legales para recuperar la administración de la EPS y evitar afectaciones a sus usuarios.

Con información de lafm y larepublica