La Fiscalía General de la Nación anunció este martes 3 de junio que formulará cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado el caso de corrupción más grande descubierto durante el gobierno de Gustavo Petro.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, confirmó que se recopilaron elementos materiales probatorios suficientes para radicar la imputación por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos contra Bonilla. La solicitud fue presentada ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao.

El anuncio de la imputación surge como resultado de la negociación de un principio de oportunidad que se concederá a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. La solicitud de este beneficio jurídico será radicada a finales de esta semana, según informó la Fiscalía.

“Una vez el juez de control de garantías le imparta legalidad [al principio de oportunidad], vamos a solicitar la audiencia de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”, explicó la fiscal Patiño.

La audiencia de imputación se realizará una vez sea legalizado el principio de oportunidad con Benavides. La funcionaria judicial indicó que aún no se ha definido si se solicitará una medida de aseguramiento contra el exministro.

Patiño precisó que Benavides no es la única testigo en el caso contra Bonilla. “Las labores de corroboración y de aseguramiento probatorio son dispendiosas, son lentas, y deben ser muy serias para no cometer una injusticia o una imprecisión. Eso lleva su tiempo”, afirmó la fiscal, quien añadió que varios testigos han declarado contra el exjefe de la cartera económica.

Según el testimonio rendido por Benavides ante la Fiscalía, desde el Ministerio de Hacienda se habría dado la orden para direccionar tres contratos por $92.000 millones en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar.

La exasesora relató que estos recursos habrían sido utilizados para presuntamente “comprar” a varios congresistas de la comisión de crédito público, con el objetivo de que votaran a favor de la aprobación de créditos que necesitaba el Gobierno nacional.

Con información de wradio y caracol radio