La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación tras recibir denuncias de posible espionaje a la Corte Constitucional. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el viernes la apertura inmediata de esta investigación luego de que varios magistrados informaran sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales dirigidos a uno de los despachos de la Corte.

La fiscal general Camargo ha movilizado todos los recursos disponibles para avanzar con rapidez y precisión en los actos investigativos que permitirán esclarecer los alcances e impacto de esta delicada situación, que fue denunciada inicialmente el pasado miércoles. Según un comunicado de la Fiscalía, se está trabajando con celeridad y rigurosidad para determinar la veracidad de las denuncias y el posible daño causado.

Durante una reciente reunión, los magistrados discutieron sobre los presuntos seguimientos y espionajes que estarían afectando temas de fondo en los debates de la Corte, así como posibles interceptaciones ilegales. Han solicitado oficialmente a la Fiscalía verificar si desde hace meses se ha estado llevando a cabo labores de inteligencia contra miembros de la Corte Constitucional.

Las posibles pruebas incluyen información sobre presuntas escuchas e interceptaciones a celulares de magistrados y otros funcionarios que manejan procesos sensibles y bajo reserva. Esta situación ha generado una gran preocupación entre los magistrados y el personal de la Corte.

La Fiscalía ha rechazado cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que pueda comprometer la seguridad, protección e integridad de los denunciantes y sus familias. Además, desmintió haber divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional que detalla las denuncias de espionaje.

Este caso trae a la memoria el escándalo de las “chuzadas” durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), cuando se descubrió que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptado teléfonos de jueces, periodistas y opositores.

En aquel entonces, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, fueron condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por varios delitos relacionados con estas actividades ilegales. En 2017, Jorge Noguera, exdirector del DAS, también fue condenado por realizar interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin autorización judicial.