Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ha emitido resolución de acusación contra 14 exintegrantes de la Policía Nacional, implicados en la desaparición forzada de 14 personas en Bogotá y Gachalá (Cundinamarca) entre marzo y septiembre de 1982.

Los acusados, a quienes se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en sus lugares de residencia, incluyen a oficiales, suboficiales y agentes en retiro, entre ellos:

* Nacin Yanine Díaz, brigadier general en retiro.
* Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo, oficiales en retiro.
* José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva, suboficiales en retiro.
* Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez, agentes en retiro.

El origen del caso ‘Colectivo 82’

La investigación fue reactivada tras una acción de revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2011. Los hechos se remontan a 1982, cuando miembros de la División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC) presuntamente se concertaron con el grupo autodenominado ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS) para rescatar a tres menores de edad secuestrados.

En el marco de esta operación, habrían sido retenidas 14 personas, incluyendo a un niño que permaneció cinco días en una estación de policía, siete universitarios y cuatro ciudadanos. A 42 años de los hechos, el paradero de la mayoría de las víctimas sigue siendo desconocido, lo que configura el delito de desaparición forzada como de ejecución permanente.

Medida de aseguramiento para evitar nuevos delitos

El fiscal del caso consideró necesario imponer la medida de aseguramiento a los procesados con el objetivo de “evitar la continuación de la actividad delictual”, dado que la desaparición forzada es un delito continuado mientras no se conozca el destino de las víctimas.

La resolución de acusación contra los 14 exintegrantes de la Policía Nacional marca un paso relevante en el proceso judicial del caso ‘Colectivo 82’, un episodio emblemático en la historia de violaciones a los derechos humanos en Colombia.