La Fiscalía General de la Nación ha recopilado importantes pruebas que podrían vincular al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), según información exclusiva obtenida por Blu Radio.

Bajo la dirección de las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz, los investigadores han realizado un exhaustivo rastreo financiero de las cuentas bancarias de González durante su periodo al frente del Dapre, complementado con búsquedas en las bases de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El material probatorio incluye el seguimiento de las coordenadas del teléfono celular de González, con el propósito de verificar su presencia en reuniones clave mencionadas por Olmedo López y Sandra Ortiz. De particular interés para los investigadores es confirmar si González estuvo presente en la reunión celebrada el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde supuestamente se habría estructurado un plan para beneficiar a varios congresistas.

Las autoridades también analizan el contenido de las conversaciones entre González y Olmedo López relacionadas con presuntas instrucciones para favorecer al expresidente del Senado, Iván Name. Paralelamente, se investiga la reciente actividad notarial de González para determinar si ha adquirido bienes inmuebles o metales preciosos.

En un movimiento reciente, la Fiscalía acudió al Tribunal Superior de Bogotá para legalizar las pruebas recopiladas ante una posible imputación de cargos. La Sala Penal del Tribunal avaló estas pruebas, lo que provocó que la defensa de González apelara la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.

En su recurso de apelación, la defensa manifestó: “Mantenemos nuestra objeción respecto a la ilegalidad de ciertas actuaciones en el proceso. En particular, cuestionamos la validez del informe relacionado con las labores en las empresas de telefonía, ya que los documentos e imágenes suministrados por los investigadores eran ilegibles y carecían de claridad sobre el procedimiento y la información obtenida. Esto se suma a las inconsistencias en el traslado de los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía”.

Actualmente, González se encuentra bajo indagación, pero no tiene restricciones para salir del país, pese a las especulaciones sobre su paradero. Su defensa ha mantenido reserva sobre este aspecto.

Según el ente acusador, González habría instruido a Sandra Ortiz para direccionar contratos por 60.000 millones de pesos a favor del expresidente del Senado, Iván Name, y más de 10.000 millones para el expresidente de la Cámara, Andrés Calle.

En el escrito de acusación contra Sandra Ortiz, previamente revelado por Blu Radio, se indica que ella fue la encargada de coordinar y facilitar la operación, ejerciendo influencias indebidas para favorecer los intereses de Name.

“Debido a la premura con que los parlamentarios exigían los recursos en septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo López modificaron la oferta y optaron por entregar 3.000 millones de pesos en efectivo a Name y 1.000 millones a Calle”, señala el documento judicial.

 

 

Con información de bluradio