La fiscalía general de la Nación anunció que presentará recurso de apelación contra el fallo absolutorio de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, en el caso relacionado con el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”. La decisión surge tras la sentencia emitida el 13 de noviembre por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que lo absolvió de los cargos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

El ente acusador argumenta que el juez omitió valorar pruebas cruciales, incluyendo una grabación del testigo clave, el mayor retirado Juan Carlos Meneses, ex comandante de la Policía de Yarumal. Esta evidencia, declarada “inconstitucional” en primera instancia, será parte central del recurso de apelación que se presentará ante el Tribunal Superior de Antioquia.

La investigación señala que la hacienda La Carolina, propiedad de Uribe Vélez en Santa Rosa de Osos, habría funcionado como punto de encuentro para el grupo paramilitar durante la década de los 90. El caso incluye el homicidio de Camilo Barrientos, conductor de bus escalera asesinado en 1994, presuntamente por ser señalado como colaborador de las FARC.

Los representantes de las víctimas, encabezados por el abogado Sergio Mesa, respaldan la apelación y destacan el testimonio de José Leonel Restrepo, quien afirmó que varios integrantes del grupo paramilitar frecuentaban la hacienda La Carolina. Las víctimas contemplan llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Fiscalía sostiene que “Los 12 Apóstoles” operó con apoyo de hacendados y empresarios locales, en colaboración con miembros de la Fuerza Pública, para eliminar a personas consideradas “indeseables” o supuestos colaboradores de la guerrilla. Por el asesinato de Barrientos, el mayor Meneses cumple una condena de 27 años de prisión desde 2017.

La defensa de Uribe, liderada por Jaime Granados, mantiene que el crimen de Barrientos fue resultado de una rencilla personal, desvinculándolo de las actividades del grupo paramilitar. El caso ha generado pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la imparcialidad del sistema judicial colombiano.

El Ministerio Público y los representantes de víctimas preparan sus propios recursos de apelación, buscando revertir el fallo absolutorio que ha generado controversia en el país.

Con información de semana y el colombiano