La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que realizará diligencias de arraigo contra los exministros del gobierno Petro, Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), como parte de la investigación que rodea el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) serán los encargados de ejecutar estas diligencias, que tienen como objetivo principal identificar con exactitud el lugar de residencia y ubicación de los exfuncionarios, así como determinar la composición de su círculo familiar y social. Esta medida preventiva busca evitar una posible fuga en caso de que las autoridades judiciales requieran su comparecencia.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que estos actos de verificación son previos a lo que podría convertirse en una imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros. El procedimiento permitirá a los investigadores realizar las solicitudes correspondientes ante los jueces con información precisa sobre la ubicación de los investigados.

De manera simultánea, el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, responsable de las investigaciones relacionadas con la UNGRD, verificará el arraigo de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Los investigadores buscan confirmar si González ha salido del país y si está efectivamente solicitando asilo en España, como se ha rumoreado en los últimos días.

Las investigaciones incluyen también un rastreo de bienes, cuentas y movimientos financieros de González, quien ha sido mencionado repetidamente en los interrogatorios realizados a testigos clave del caso UNGRD.

Los exfuncionarios del gobierno han sido señalados por los exdirectores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, como presuntos responsables de malversar fondos de la entidad para conseguir apoyo en el Congreso a favor de los proyectos sociales y económicos promovidos por el gobierno Petro.

López ha declarado ante las autoridades que González le dio la orden directa de “comprar” a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Según su testimonio, González habría designado a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, como “mensajera” encargada de entregar 3.000 millones de pesos al senador Name.

En cuanto a Velasco, la Fiscalía lo ha vinculado recientemente con una supuesta instrucción para direccionar contratos y obtener el favor de diversos congresistas y contratistas. “Usted, Olmedo López, se reunió con el parlamentario Chaux Flores con el fin de materializar la instrucción del ministro Velasco Chávez”, afirmó el ente investigador.

Por su parte, el exministro Bonilla aparece implicado en el presunto direccionamiento de contratos por más de 92 mil millones de pesos en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Arauca, aparentemente a cambio de conseguir el apoyo de varios congresistas de la Comisión de Crédito Público para la aprobación de empréstitos nacionales.

Con información de caracol radio y semana