La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco de la investigación por las irregularidades de contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Durante la audiencia realizada ante una juez penal especializada de Bogotá, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia señalaron que Ortiz Nova habría recibido, en dos ocasiones, millonarias sumas de dinero provenientes de recursos públicos de la UNGRD.

Según la investigación, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento ubicado en el centro de la capital, la exfuncionaria habría recibido de Olmedo de Jesús López Martínez y de Sneyder Pinilla Álvarez, exdirectivos de la entidad, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo. Posteriormente, Ortiz Nova habría transportado el dinero en un vehículo oficial hasta el norte de la ciudad para entregarlo al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez.

Al día siguiente, de acuerdo con la Fiscalía, se habría repetido la misma operación. Pinilla Álvarez habría entregado nuevamente a la exconsejera una maleta con otros 1.500 millones de pesos, que igualmente fueron trasladados hasta el lugar señalado por el senador Name.

El ente acusador sostiene que Ortiz Nova tenía conocimiento de que el dinero provenía de la UNGRD y que su destino final era el pago de sobornos relacionados con la adjudicación de una orden de proveeduría para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable a comunidades de La Guajira.

Las pruebas recogidas en la macroinvestigación, que vincula a varios exfuncionarios y congresistas, apuntan a que estas operaciones hacían parte de una red de direccionamiento contractual con fines de corrupción.

La audiencia preparatoria de juicio contra Sandra Ortiz fue programada para el próximo 19 de noviembre, en la que se definirán las pruebas que serán presentadas en el proceso judicial.

Este caso hace parte del expediente más amplio conocido como “escándalo de los carrotanques de la UNGRD”, en el que se investigan multimillonarios desvíos de dineros públicos destinados a la atención de comunidades vulnerables en La Guajira.