La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Violación de Derechos Humanos, anunció este viernes la apertura de una causa penal contra Luis Alberto “Lucho” Herrera y su hermano Rafael Herrera, bajo la acusación de desaparición forzada de cuatro habitantes de la zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. La citación a indagatoria está programada para el 6 de febrero, y los imputados enfrentarán cargos que incluyen también presunto abuso sexual contra una menor.

Según el informe preliminar, los hechos se remontan al 23 de octubre de 2002, cuando se habría contactado a miembros de autodefensas campesinas del Casanare para que, bajo presión, secuestraran a personas que vivían en predios colindantes con las propiedades de la familia Herrera. Las víctimas fueron retenidas contra su voluntad y desaparecieron sin dejar rastro.

En 2008, los restos de dos de los desaparecidos fueron hallados en un terreno de Silvania, Cundinamarca. Un equipo interno de la Fiscalía logró identificar los cuerpos mediante pruebas de ADN, entregándolos a los familiares en diciembre de 2023. La recuperación de los restos reavivó la investigación y permitió vincular a los hermanos Herrera con el delito de desaparición forzada.

Además de la acusación principal, la Fiscalía ha señalado que Rafael Herrera está implicado en un caso de acceso carnal violento contra una menor de edad, hecho que surgió en el marco de la misma investigación. Este segundo cargo amplía la gravedad de la causa y podría derivar en penas adicionales.

El fiscal a cargo del proceso, Juan Manuel Torres, explicó que “las pruebas recabadas demuestran una coordinación entre los Herrera y grupos armados locales, lo que constituye una violación grave de los derechos humanos”. Añadió que la Fiscalía continuará recopilando testimonios y evidencias para sustentar los cargos ante el juzgado competente.

Los familiares de las víctimas, que permanecieron en silencio durante años, expresaron su alivio al ver que la justicia avanza. “Después de tanto tiempo, queremos que se haga verdad y que los responsables paguen por lo que hicieron”, declaró María González, madre de una de los desaparecidos.

El caso ha generado un intenso debate en la región sobre la influencia de las autodefensas campesinas en la vida cotidiana de los habitantes rurales. Organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación exhaustiva que incluya a todos los actores involucrados, señalando que la impunidad ha alimentado la violencia en el campo colombiano.

Por su parte, representantes del partido político al que pertenecía Lucho Herrera, el Movimiento Nacional, han solicitado que se respeten los derechos procesales de los acusados y han pedido que la investigación se mantenga dentro del marco legal, sin prejuzgar el resultado.

La Fiscalía ha advertido que, de confirmarse la participación de los hermanos Herrera, se impondrán sanciones severas conforme a la legislación vigente sobre desaparición forzada y delitos sexuales. Asimismo, se ha abierto la posibilidad de que se investiguen otros posibles cómplices vinculados a las autodefensas de la zona.

Con la citación programada para febrero, el caso de Fusagasugá se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes del año, tanto por la magnitud de los crímenes como por la implicación de figuras públicas en actos de violencia contra la población civil.