El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla acudió este jueves 14 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde puso a disposición su pasaporte y ratificó que no ha salido del país, según confirmó W Radio.

Acompañado por su abogado Javier Torres, de la firma de Mauricio Pava, Bonilla cumplió con la citación para una diligencia de arraigo y plena identidad en las instalaciones de la DIJIN. Durante la comparecencia, entregó una fijación fotográfica de su pasaporte ante los rumores sobre una posible salida del país para evadir la justicia.

El abogado Torres detalló la situación actual de su defendido: “Ricardo Bonilla vive de una pensión modesta como profesor. No posee bienes de fortuna. Ha asistido a todas las diligencias judiciales a las que ha sido citado y puso su pasaporte a disposición de las autoridades”.

El defensor agregó que, durante la diligencia del 14 de agosto, Bonilla “ratificó y demostró que no ha salido del país ni piensa hacerlo, y que mantiene su disposición a colaborar y atender cualquier citación que las autoridades le hagan”.

La situación judicial de Bonilla se complica con el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Esta negociación convierte a Benavides en “testigo estrella” contra al menos 39 personas, incluyendo senadores y representantes a la Cámara.

Benavides será fundamental en la investigación contra el exministro Bonilla, quien próximamente enfrentaría imputación por su relación con el desfalco de la UNGRD. Adicionalmente, Sneyder Pinilla, protagonista del escándalo, también mencionó a Bonilla ante la Fiscalía.

La comparecencia de Bonilla se produce previo a enfrentar imputación por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Su situación contrasta con la de otros excompañeros de gabinete como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y César Manrique, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

El caso UNGRD ha generado una crisis en el gobierno del presidente Gustavo Petro, con múltiples funcionarios y excongresistas involucrados en el presunto desvío de recursos destinados a la gestión de desastres. La investigación ha revelado un entramado de corrupción que habría involucrado el intercambio de contratos por apoyo político en el Congreso.

Con información de caracol radio y wradio