Exjuez de Buenaventura enfrenta cargos por presunto desvío de $23.000 millones en demandas del Magisterio
Por: Elizabeth Montoya
24 noviembre, 2024
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos este domingo contra Wilson Escarria Camacho, exjuez laboral de Buenaventura, por presuntamente facilitar la apropiación indebida de más de 23.000 millones de pesos provenientes de recursos estatales destinados al sector educativo.
De acuerdo con la investigación, entre enero y noviembre de 2019, el exfuncionario judicial habría incurrido en peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, al gestionar irregularmente siete procesos ejecutivos relacionados con demandas de docentes contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
“Se intentó en cinco oportunidades apropiarse de recursos del estado y en dos oportunidades se apropió y se consumó de recursos del estado de la nación del ministerio de educación nacional y del Fomag administrados por la Fiduprevisora en cuantía de 23,000 millones de pesos”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación.
La investigación detalla que Escarria Camacho, quien actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Cali por otros procesos, emitió 53 decisiones judiciales favoreciendo las pretensiones de los docentes. El ente acusador señala que estas actuaciones presentaron múltiples irregularidades:
- Intervención sin competencia judicial
- Aplicación de normas derogadas
- Autorización ilegal de embargos a cuentas estatales
- Direccionamiento de pagos hacia abogados en lugar de los docentes demandantes
“Se violentó el principio del juez natural, siendo esta actuación dolosa y sistemática, ya que el trámite se dio en diferentes procesos, aprovechándose de la situación presentada ante la falta de notificación de las entidades estatales”, argumentó la Fiscalía.
De los siete procesos cuestionados, cinco fueron revocados en segunda instancia. Sin embargo, dos alcanzaron firmeza judicial, resultando en el desembolso de los recursos públicos ahora bajo investigación. Los casos involucraban entre 50 y 300 reclamantes por proceso, todos relacionados con pagos atrasados de cesantías.
El exjuez Escarria Camacho no aceptó los cargos imputados por el fiscal especializado, por lo que el proceso continuará su curso legal mientras el acusado permanece bajo custodia judicial.