El tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha impuesto una pena de siete años de prisión al exfiscal del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca, por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. La sentencia se basa en la omisión de una circular de Interpol que debía haber sido considerada en la decisión de no extraditar a un narcotraficante que Estados Unidos había solicitado.

La decisión judicial

El juez de la Sala de Casación Penal, la Dra. María López, dictó la sentencia el 7 de junio, tras la presentación de pruebas que demostraron que el exfiscal, Juan Carlos Gómez, actuó con la intención de favorecer al extraditable Luis Fernando Rojas, alias “El Coyote”, quien había sido identificado como líder de una organización de tráfico de cocaína. La omisión de la circular de Interpol, que contenía información crítica sobre la situación del sospechoso y las garantías de su proceso, constituye un acto de prevaricato y fraude procesal.

“El exfiscal se negó a seguir los procedimientos establecidos y, al hacerlo, vulneró la integridad del sistema judicial y la seguridad pública”, declaró la jueza López. “La pena impuesta refleja la gravedad de su conducta y la necesidad de proteger la confianza en la administración de justicia”.

El caso se inició cuando la Oficina de la Fiscalía General de la Nación recibió una solicitud de extradición de Estados Unidos para Rojas, quien se encontraba en el territorio colombiano. La solicitud incluía una circular de Interpol que detallaba la evidencia y los riesgos de la extradición. Sin embargo, Gómez, quien había sido designado como fiscal del municipio en 2018, decidió no presentar la circular ante la autoridad competente, argumentando que la extradición no era necesaria.

La omisión fue descubierta durante una auditoría interna de la Fiscalía, que reveló que Gómez había archivado la circular en un expediente personal y no la había remitido al Ministerio de Justicia. La Fiscalía General presentó una denuncia formal contra el exfiscal, alegando que su conducta había facilitado la fuga de un narcotraficante y había socavado la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Repercusiones y comentarios

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha declarado que la sentencia “refuerza la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de respetar los procedimientos internacionales”. Por su parte, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación ha señalado que la decisión “es un mensaje claro a los funcionarios que intenten obstruir la justicia”.

El caso también ha generado debate sobre la protección de los derechos de los acusados y la necesidad de equilibrar la cooperación internacional con los estándares de debido proceso. Expertos en derecho penal han destacado que la sentencia es un precedente importante para casos de prevaricato y fraude procesal en el ámbito local.

Perspectivas futuras

Con la sentencia firme, el exfiscal Gómez deberá cumplir la pena en la Penitenciaría de la región, mientras la Fiscalía continúa con la investigación de posibles coadyuvantes en la fuga de Rojas. La Corte Suprema ha señalado que se revisará la posibilidad de aplicar medidas adicionales, como la revocación de la licencia profesional del exfiscal y la imposición de multas administrativas.

El caso también abre la puerta a una revisión de los protocolos de manejo de circular de Interpol en los municipios del Cauca, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan. La Fiscalía General ha anunciado la creación de un programa de capacitación para fiscales locales sobre la importancia de la cooperación internacional y el cumplimiento de los procedimientos de extradición.