El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha dictaminado que Colombia deberá reembolsar 379,8 millones de dólares más intereses a la multinacional española Telefónica, por lo que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en colaboración con Wordstone Dispute Resolution, está evaluando la posibilidad de apelar el fallo en instancias internacionales.

La disputa se originó cuando la Corte Constitucional colombiana, mediante la Sentencia C-555 de 2013, determinó que “en contratos anteriores a esta normativa se respetarían las cláusulas de reversión originales”, afectando directamente los acuerdos entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., filial de Telefónica.

La empresa española presentó en 2018 una demanda de arbitraje ante el CIADI, alegando violaciones al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre Colombia y España. El tribunal internacional ha concluido que efectivamente existió un incumplimiento del acuerdo por parte del Estado colombiano.

La multinacional española comunicó el resultado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España este 13 de noviembre, culminando un proceso de arbitraje iniciado el 2 de febrero de 2018.

La controversia se centra en la interpretación de la cláusula de reversión de activos, que según la Ley 422 de 1998 y la Ley 1341 de 2009, debería aplicarse únicamente a frecuencias radioeléctricas, disposición que fue posteriormente modificada por la decisión de la Corte Constitucional.

El conflicto surgió cuando las autoridades colombianas exigieron la reversión de activos vinculados a las operaciones de Colombia Telecomunicaciones, resultando en un pago forzoso de estos casi 380 millones de dólares por parte de la empresa en 2017.

El tribunal arbitral internacional, conformado por tres miembros, determinó que Colombia incumplió su obligación de proporcionar un “trato justo y equitativo” a las inversiones de Telefónica, violando los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre ambas naciones.

La resolución no solo ordena la devolución del monto principal, sino que también incluye el pago de honorarios legales e intereses compuestos.