El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que mantiene en su poder a Jayson Bonilla, conductor de una ambulancia de la ESE Norte, quien fue secuestrado el pasado 10 de septiembre en zona rural de Tibú, Norte de Santander. La guerrilla difundió un video como prueba de supervivencia del trabajador, mientras organizaciones y autoridades reclaman su liberación.

De acuerdo con la información conocida, Bonilla fue interceptado en el corregimiento de La Gabarra, cuando se movilizaba en una ambulancia. El hecho se produjo en medio de una serie de incidentes contra trabajadores y vehículos de la misión médica en el Catatumbo. En las horas previas, otro conductor había sido retenido temporalmente y posteriormente liberado, mientras la ambulancia que conducía también fue recuperada.

En la grabación difundida por el ELN, que presenta cortes y edición, Bonilla aparece bajo custodia y hace señalamientos sobre presuntas actividades que habría realizado con la ambulancia. Según su relato, habría transportado supuestas ‘encomiendas’ destinadas a integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, entre ellas elementos que, de acuerdo con el video, incluirían drones. También afirma que miembros de esa estructura lo habrían amenazado mostrando fotografías de familiares.

La situación ha generado preocupación entre las organizaciones del sector salud. Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, había denunciado que los trabajadores de la misión médica están expuestos a las dinámicas del conflicto y reclamado que puedan desarrollar sus labores sin restricciones impuestas por los grupos armados. El dirigente insistió en la necesidad de garantizar la integridad de quienes trabajan en la atención de emergencias.

La Defensoría del Pueblo también exigió la liberación del conductor y expresó solidaridad con sus familiares, compañeros y allegados. La entidad señaló que el trabajador permanece secuestrado y pidió que se respete su vida e integridad, mientras continúa la situación de orden público en esta zona del Catatumbo.

El caso ocurre en un contexto de creciente presión sobre la población civil y la misión médica en Norte de Santander. La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló este domingo que la entidad ha recibido solicitudes de familias de personas secuestradas por el ELN en el departamento para intervenir en procesos humanitarios, aunque advirtió que actualmente existen dificultades para desplegar equipos en terreno por falta de garantías de seguridad.