El atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, reveló nuevamente el drama que viven cientos de niños y adolescentes en Colombia: el reclutamiento por parte de redes criminales. El autor material del ataque fue un menor de tan solo 15 años, quien ahora se convierte en testigo clave dentro del proceso judicial.

El joven permanecerá internado por al menos cinco meses en el búnker de la Fiscalía, medida que busca proteger su integridad. No obstante, su caso ha abierto una urgente discusión: ¿quiénes son los niños que terminan siendo usados como sicarios? ¿Qué tan cerca estuvo el Estado de evitarlo? ¿Es posible su rehabilitación?

Días antes de disparar contra Uribe Turbay, el joven tuvo al menos dos oportunidades de alejarse del crimen. Una de ellas fue un acercamiento del Idipron, que lo encontró deambulando en el centro de la ciudad y le ofreció vincularse a programas sociales. Sin embargo, el menor no aceptó. También fue parte del programa Jóvenes en Paz, del Gobierno Nacional, pero lo abandonó tras dos meses sin asistir a clases. El presidente Gustavo Petro reconoció que el joven mostró una “personalidad conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales”.

Pese a estar caracterizado como un menor en riesgo, las intervenciones estatales resultaron insuficientes.

El adolescente confesó que le ofrecieron 20 millones de pesos por cometer el atentado. Una vez disparó, no tenía vía de escape: debía morir o ser capturado. Su historia personal explica parte de su camino al delito: es huérfano de madre desde los 8 años, su padre vive en el exterior, y creció con su tía y un tío conductor. Un entorno familiar débil y la falta de una red de apoyo lo dejaron vulnerable ante la criminalidad.

El perfil del niño sicario

De acuerdo con un informe del medio El Colombiano, un estudio conjunto del ICBF y Unicef analizó a más de 2.000 menores reclutados entre 2013 y 2022. El 78 % vivió violencia intrafamiliar, el 69 % provenía de zonas pobres, y el 89 % creció en territorios afectados por el conflicto. Antes de empuñar un arma, muchos trabajaron como raspachines, campaneros o mensajeros del narco. La mayoría fueron captados entre los 13 y 14 años.

“El contexto familiar es determinante. La ausencia de figuras parentales y los eventos traumáticos, como el abuso o la pérdida de un ser querido, los empujan a buscar refugio en las estructuras criminales”, señaló Juan Carlos Vanegas, psicólogo y exfuncionario del centro especializado La Pola.

Sobre la posibilidad de rehabilitación de estos jóvenes, el experto asegura que sí. Indicó que entre los 14 y 17 años aún hay una alta posibilidad de redireccionar la vida de estos jóvenes. “El sistema de responsabilidad penal juvenil está diseñado para brindar apoyo psicológico, ocupacional y social. Pero el compromiso del Estado no puede detenerse allí. Deben existir rutas de inclusión que perduren en el tiempo”.

El caso del joven sicario que atentó contra Uribe Turbay expone no solo la fragilidad de muchos niños frente al poder de las redes criminales, sino también los vacíos institucionales en su protección. Rehabilitar a estos jóvenes no es una opción, es una necesidad urgente para romper el ciclo de violencia que los consume desde la infancia.