Un nuevo operativo de control penitenciario volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en los centros de detención especiales de Colombia. Este miércoles 3 de septiembre, la Policía Nacional halló tres teléfonos móviles y un cargador durante una inspección sorpresa en la Escuela de Carabineros, en Bogotá, donde actualmente están recluidas la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, y la exasesora presidencial Sandra Ortiz.

El procedimiento se llevó a cabo tras recibir reportes sobre la realización de llamadas y comunicaciones no autorizadas desde las instalaciones. El hallazgo confirmó la presencia de dispositivos electrónicos en un espacio donde su uso está estrictamente prohibido. Según fuentes oficiales, uno de los celulares incautados pertenecía a Epa Colombia.

Investigación en curso

Las autoridades abrieron de inmediato una indagación para establecer cómo ingresaron los equipos al centro de reclusión y a qué otros internos pertenecían. La investigación buscará determinar si hubo complicidad interna o fallas en los protocolos de seguridad que permitieron la entrada de los aparatos.

La situación adquiere relevancia porque en este lugar permanecen figuras públicas procesadas en casos de alto impacto. Sandra Ortiz enfrenta señalamientos por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mientras que Epa Colombia cumple condena por el ataque y daño a bienes públicos de TransMilenio, ocurrido en 2019.

Debate sobre seguridad en centros especiales

El hallazgo refuerza las preocupaciones sobre las deficiencias estructurales en el control penitenciario del país. Incluso en espacios de reclusión destinados a personajes de alto perfil político y social, se siguen registrando episodios que ponen en entredicho la efectividad de las medidas de seguridad.

La posesión de celulares dentro de las cárceles ha sido señalada por las autoridades como un factor que facilita la comisión de nuevos delitos, la manipulación de procesos judiciales e, incluso, la coordinación de actividades ilícitas desde prisión. Por esta razón, los organismos de control han reiterado la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y de cerrar posibles canales de ingreso de dispositivos electrónicos.