Una red delincuencial señalada de intimidar y amenazar a comerciantes, conductores de servicio público y personas con dificultades económicas mediante préstamos ‘gota a gota’ fue desarticulada en Boyacá. Se trata de ‘Los Cobra’, una organización que operaba en Tunja, Samacá y Duitama, y que habría obtenido incrementos patrimoniales injustificados superiores a los 240 millones de pesos.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió relacionar las denuncias de ocho víctimas que, desde 2022, recibieron préstamos de entre uno y tres millones de pesos, con intereses que superaban los límites establecidos por la ley.

Según el ente acusador, cuando los deudores se retrasaban en el pago de las cuotas, eran sometidos a amenazas, malos tratos e incluso daños en sus bienes, como mecanismo de presión para obligarlos a cumplir con las exigencias económicas.

Las pesquisas establecieron que los presuntos integrantes de la organización se distribuían horarios y zonas para ofrecer los créditos, realizar los cobros diarios y negociar refinanciaciones, actividades que les habrían permitido acumular importantes sumas de dinero.

Los movimientos bancarios y la adquisición de bienes muebles e inmuebles evidenciaron un presunto incremento patrimonial injustificado superior a los $240 millones, recursos que ahora son objeto de investigación.

En operativos conjuntos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional fueron capturados John Maicol Beltrán Bernal, Luis Miguel Garcés Guerra, Yefer Hernán Bernal Reyes, Juan Diego Ospina Bernal, Rómulo Antonio Garcés Parra y Víctor Hugo Pedraza Báez.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron tarjetas de cobro, cuadernos con registros contables y rutas de recaudo, tarjetas SIM, dinero en efectivo, teléfonos celulares, motocicletas y vehículos que estarían relacionados con las actividades investigadas.

La Fiscalía imputó a los seis procesados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y usura. Ninguno aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.

Por su parte, los vehículos y motocicletas identificados en diferentes regiones del país quedaron a disposición de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, que determinará si fueron adquiridos con recursos provenientes de las presuntas actividades ilícitas.