La Fiscalía General de la Nación dio un importante golpe contra el crimen organizado al afectar tres estructuras ilegales dedicadas al lavado de activos y vinculadas al tráfico transnacional de estupefacientes, cuyos cargamentos eran enviados desde Colombia hacia países europeos como Holanda y Bélgica.

La investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, permitió identificar a los clanes familiares conocidos como ‘Amu Gutiérrez’, ‘Gutiérrez Grajales’ y ‘Carrillo de la Vega’. Estas organizaciones, según las autoridades, operaban en la región del Urabá antioqueño y se encargaban de camuflar el origen ilícito de millonarios recursos obtenidos a través del narcotráfico.

Durante un operativo ejecutado por unidades del SIU DIRAN, fueron capturados en Turbo y otras zonas del Urabá los presuntos integrantes de estas redes criminales: Edilma Rodríguez Burgos, Carlos Antonio Palacios Rodríguez, Luis Ángel Gutiérrez Grajales (alias “El Viejo”), Ingrid López Barrios, Yuliana Andrea Rivera Higuita, Simón Viviescas Alzate y Erika Janeth Carrillo de la Vega.

La Fiscalía imputó a estas personas los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos, de acuerdo con sus eventuales responsabilidades individuales dentro de la estructura delictiva.

Sociedades fachada y bienes adquiridos para ocultar el origen del dinero

Las labores de policía judicial, que incluyeron seguimientos, análisis financieros, interceptaciones y rastreos en bases de datos, permitieron establecer que entre los años 2015 y 2020 estas organizaciones habrían constituido múltiples sociedades de fachada en los sectores agrícola e inmobiliario.

Además, adquirieron bienes inmuebles y vehículos de alto valor con el fin de ocultar el origen del dinero proveniente del tráfico de drogas y darle apariencia de legalidad. Estas maniobras financieras habrían generado un incremento patrimonial ilegal cercano a los 44.000 millones de pesos, según cálculos de la Fiscalía.

Con base en el material probatorio presentado, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los siete capturados, mientras avanzan las etapas del proceso judicial.

Este operativo representa un paso significativo en la lucha contra el lavado de activos en Colombia, un delito que permite a las organizaciones narcotraficantes sostener sus estructuras ilegales, expandirse internacionalmente y corromper distintas esferas sociales.