La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, desarticuló una red de comercio ilegal de oro, señalada de extraer y comercializar el metal de forma ilícita desde yacimientos en el bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. La operación, que culminó con la captura de ocho personas, reveló una compleja estructura destinada a formalizar y exportar oro extraído ilegalmente, afectando gravemente al medio ambiente y generando ganancias millonarias.

Las autoridades señalaron como principales articuladores de la organización a Edgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz y Janeth Cecilia Díaz Correa, quienes, junto a otros colaboradores identificados como Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Carolina James Rueda, Rosa Katerine Monsalve Cano, Diana María Ríos Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz, cumplirían funciones específicas en la red. Entre los roles asignados dentro de la organización se incluían actividades de contabilidad, administración y revisión fiscal, tareas esenciales para ocultar el origen del metal y permitir su comercialización como un recurso lícito.

Según la investigación, el oro era extraído mediante el uso de maquinaria pesada y químicos, un proceso que causó significativos daños al medio ambiente en las zonas afectadas.

Posteriormente, a través de una comercializadora con sedes en Medellín (Antioquia) y Santa Rosa (Bolívar), el metal era formalizado bajo la fachada de haber sido extraído por barequeros de subsistencia, una actividad considerada de bajo impacto y autorizada para pequeños mineros que no cuentan con maquinaria ni tecnología avanzada. Así, una vez el oro estaba aparentemente “legalizado,” la organización lo procesaba y exportaba principalmente a destinos como Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

La Fiscalía Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente formuló cargos por concierto para delinquir con fines de lavado de activos, explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, además de fraude procesal. Estas imputaciones reflejan la gravedad de las operaciones ilegales detectadas, que no solo vulneran las leyes ambientales, sino que también implican evasión fiscal y otros delitos conexos.

Las pruebas iniciales indican que la comercializadora de oro obtuvo aproximadamente 88.000 millones de pesos en ganancias, cifra que, según los investigadores, no se correspondería con la cantidad de oro que fue formalmente registrada para exportación. Este aparente desbalance sugiere un incremento patrimonial injustificado, que apunta al blanqueo de capitales mediante la exportación del mineral.

La minería ilegal en el bajo Cauca y el sur de Bolívar ha causado extensivos daños a los recursos naturales, especialmente en áreas donde los ecosistemas ya son vulnerables. La extracción con maquinaria pesada y químicos altamente contaminantes tiene un impacto negativo en los suelos y cuerpos de agua, afectando la biodiversidad y el acceso de las comunidades locales a recursos básicos.