Desmantelado matadero clandestino que comercializaba carne en mal estado en Boyacá
Por: Elizabeth Montoya
3 junio, 2024
La Fiscalía General de la Nación logró desarticular una peligrosa operación ilegal que puso en riesgo la salud pública en Bogotá, Tunja y varios municipios de Boyacá. Deiber Daniel Casteblanco Velásquez y Daniel Casteblanco Reyes fueron judicializados por presuntamente operar un matadero clandestino en la vereda La Concepción, en Cómbita (Boyacá).
Según las investigaciones, estos individuos compraban vacas, terneros, caballos, toros o búfalos muertos o enfermos, los sacrificaban en condiciones deplorables de salubridad y comercializaban la carne como si fuera un producto en perfecto estado a propietarios de famas, salsamentarías y restaurantes de la capital y la región.
“En las verificaciones al inmueble dispuesto como matadero se constató que no contaba con los permisos ambientales y sanitarios exigidos por la ley. Tampoco había un correcto manejo de la cadena de frío de la carne; y se estaría generando una grave afectación al suelo y las fuentes hídricas del sector por los residuos sólidos y el vertimiento indiscriminado de líquidos”, detalló la Fiscalía.
En una diligencia de registro y allanamiento realizada en coordinación con la Policía Nacional, se incautó una tonelada y media de carne lista para la venta, y se recuperaron 14 animales, 9 de ellos en precario estado de salud.
Ante la gravedad de los hechos, una fiscal de la Seccional Boyacá imputó a Casteblanco Velásquez y Casteblanco Reyes los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; daños a los recursos naturales y maltrato animal.
“Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Boyacá imputó a Casteblanco Velásquez y Casteblanco Reyes los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; daños a los recursos naturales y maltrato animal”, señaló la entidad investigadora.
Por disposición de un juez de control de garantías, los presuntos responsables deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, mientras avanzan las investigaciones.